Según expuso la periodista Cecilia Orozco en el diario El Espectador, en 2017 el aludido habría fallado a favor de un concuño suyo, otro exmagistrado que estaba siendo investigado por corrupción, sin declarar que tenía algún impedimento para ello al tratarse de un pariente.
Aseguró la comunicadora que el caso data de hace ocho años, cuando tres miembros del Tribunal de Villavicencio, cuatro jueces y varios abogados litigantes fueron acusados y vinculados a una investigación formal por sospechas de que, a cambio de dinero, manipulaban procesos, recursos, juicios y sentencias.
Orozco narró que uno de los funcionarios procesados, el exmagistrado Alcibíades Vargas, fue condenado por dos delitos: cohecho propio (cuando un particular ofrece y un servidor público pide o recibe un bien para actuar en contra de sus deberes) y prevaricato (cuando un funcionario emite un concepto contrario a la ley).
Vargas, relató la periodista, tuvo un golpe de suerte cuando el magistrado de control de garantías que presidió la audiencia de legalización, entre otros hechos, de las interceptaciones al teléfono del investigado que demostraban su culpabilidad, declaró ilícitas esas pruebas.
Con esa decisión, se eliminó buena parte de los fundamentos del expediente que había sido construido con rigor, abundó.
Reveló entonces la comunicadora que el operador judicial del tribunal de la capital que socorrió a Vargas resultó ser su concuño, o sea Manuel Merchán, el mismo que hace una semana también desestimó como evidencia las interceptaciones telefónicas que por error el Tribunal Superior realizó a Uribe en la pasada década y que fueron tomadas como válidas en la primera instancia del juicio.
Orozco, quien llamó desfachatado a Merchán, recordó que las escuchas al celular del expresidente habían sido consideradas como lícitas en dos salas de la Corte Suprema, compuestas por juristas de mayor rango.
El Tribunal Superior de Bogotá absolvió la pasada semana al exgobernante de todos los cargos por los cuales fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria.
De los tres magistrados de la corte que revisó el caso, María Leonor Oviedo difirió con los otros dos y consideró que la sentencia de primera instancia debió confirmarse toda.
A su criterio, sí hubo indicios que señalaban la culpabilidad de Uribe de pedir a exparamilitares, a cambio de prebendas materiales, modificar testimonios que lo vincularían al surgimiento de esas fuerzas armadas que actuaban al margen en Colombia.
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