En conferencia de prensa desde el Palacio Nacional de la Cultura, sede del Gobierno, el mandatario consideró que este caso es un ejemplo perfecto del tipo de medidas espurias que constituyen los intentos de desestabilización del poder por medio de la acción judicial.

La acción legal contra el titular de la Fiscalía Especial contra la Corrupción–explicó el jefe de Estado- tiene relación con la serie de delitos que cometió en el marco de exposición de la investigación llamada UNOPS-Corrupción Presidencial.

Mencionó dentro de la acusación a Curruchiche infracción de privilegios, obstaculización de la justicia, tráfico de influencias, revelación de secreto, entre otras.

Aparte, acotó, están las acciones que se están presentando desde el Congreso por diputados en contra del juez Fredy Orellana, por las acciones de prevaricato que cometió.

Arévalo anunció el pasado lunes una respuesta también ante la nueva maniobra golpista del Ministerio Público (MP) relacionada con las elecciones de 2023.

El Ejecutivo chapín advirtió que la cuenta regresiva empezó para que en mayo del próximo año el presidente elija a un nuevo o una nueva fiscal general, y eso, por supuesto, lleva estas reacciones del ente investigativo.

Tras los resultados de los comicios de 2023, el abanderado del partido Movimiento Semilla denunció a la jefa del MP, Consuelo Porras, como la punta de lanza del Pacto de Corruptos para atentar contra las votaciones.

La tensión entre ambos escaló en el tiempo, y mientras el mandatario buscó remover a la también fiscal general, esta afirmó que las acciones del gobernante van contra la Constitución.

Organizaciones indígenas, sociales y estudiantiles desde el propio 2023 exigieron en las calles la renuncia de la titular del MP y varios de sus fiscales.

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