En una manifestación pública, la organización condenó la maniobra ejecutada desde el 28 de octubre en la llamada Ciudad Maravilla.

«Brasil, infelizmente, es un país donde las muertes en enfrentamientos con las autoridades policiales son una tragedia frecuente», denunció la asociación que recordó que solo en 2024 se registraron seis mil 243 muertes.

De esa cifra, 703 ocurrieron en Río, lo cual representa una de cada cinco muertes violentas en el país.

El comunicado denuncia el «intento de ocultar los cadáveres», pues más de la mitad de los cuerpos sin vida fueron recuperados por los propios vecinos.

La AAJ certifica, asimismo, indicios de ejecución, con «disparos en la nuca y la frente, cuerpos atados, heridas de arma blanca y rostros desfigurados».

También las comunidades denunciaron abusos sexuales, incendios intencionales y disparos indiscriminados, mientras el gobernador del estado, Cláudio Castro, celebraba la operación como un éxito y llegó a afirmar: «de víctimas ayer allá, solo tuvimos a esos policías».

La AAJ-Brasil describe la ofensiva como una acción de guerra contra la población pobre, ejecutada en zonas de altísima densidad poblacional, donde miles de familias quedaron bajo un «Estado de Sitio no decretado».

Escuelas, servicios de salud y comercios permanecieron paralizados durante horas.

Para la institución, el hecho revela una «ausencia absoluta de autoridades que ordenaran la interrupción de las muertes», y un «desprecio hacia la población» que se repite en las políticas de seguridad del actual gobierno estadual.

La nota considera «aún más grave» la postura del gobernador, que busca «naturalizar y legitimar lo ocurrido», y advierte que «difícilmente se investigarán las ilegalidades y los excesos» por las propias policías involucradas.

Finalmente, la entidad expresa su más vehemente repudio y exige federar de manera urgente las investigaciones, a fin de determinar las responsabilidades en todos los niveles «por la masacre patrocinada por el Estado brasileño».

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