“México rechaza la decisión unilateral del Perú, al ser excesiva y desproporcionada frente a un acto legítimo de México y apegado a derecho internacional, el cual en modo alguno constituye una intervención en los asuntos internos del Perú”, expresó la Cancillería en un comunicado.

La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que se otorgó asilo diplomático a Chávez en pleno apego al derecho internacional, en particular, a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas), de la que ambas naciones son parte.

De acuerdo con lo divulgado por la cartera, Chávez ha mencionado que ha sido objeto de reiteradas violaciones a sus derechos humanos como parte de una persecución política del Estado peruano desde el momento de su captura en 2023.

La Cancillería recordó que, conforme a la Convención de Caracas, el único facultado para calificar la naturaleza de la persecución en contra de solicitantes de asilo es el Estado asilante, México en este caso.

Según agregó, la decisión de otorgar el asilo diplomático fue tomada al amparo del artículo 11 de la carta magna, tras una evaluación minuciosa y en estricta observancia del procedimiento establecido para ello en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

Además, la decisión es en atención a los principios constitucionales de política exterior, el humanismo mexicano y la vocación del país en materia de asilo y refugio.

“México reafirma, como ha sido reconocido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que el otorgamiento de asilo no puede ser considerado un acto inamistoso por ningún otro Estado”, apuntó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Esta nación “seguirá fiel a su tradición humanista de defender los derechos humanos y de brindar protección a personas perseguidas por razones políticas”, puntualizó la Cancillería, al subrayar que siempre privilegiará el diálogo y la solución amistosa de controversias.

La nación norteamericana reiteró “los históricos lazos de amistad que unen a los pueblos de México y el Perú”.

Chávez fungió como primera ministra del gobierno del expresidente Pedro Castillo, quien ganó las elecciones en 2021, fue acusado de violar el orden constitucional al intentar disolver el poder legislativo y encarcelado en 2022 en un hecho considerado injusto por políticos y fuerzas sociales de la región.

El exmandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) denunció entonces que el presidente constitucional, destituido por la fuerza, era víctima del fascismo, racismo y clasismo en la nación suramericana.

Lilia Paredes, esposa de Castillo, y sus dos hijos viajaron a México, país que les concedió asilo político.

La relación entre las dos naciones se había reducido desde entonces al nivel de encargados de negocios.

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