Según trascendió, la compañía reclama unos dos mil 200 millones de dólares bajo el Tratado Bilateral de Inversión (BIT) entre Italia y Panamá, firmado en 2009 y en vigor desde 2010.

Tanto Sacyr como WeBuild integraban el Consorcio Unidos por el Canal (Gupcsa), responsable de construir el Tercer Juego de Esclusas de la vía interoceánica, una obra inaugurada en 2016 a un costo de cinco mil 450 millones de3 dólares.

A diferencia del arbitraje de Sacyr —centrado en reclamos de naturaleza contractual—, el de WeBuild se ampara en el tratado de protección de inversiones, que permite a los inversionistas extranjeros demandar directamente al Estado receptor por supuestos actos que afecten sus intereses, incluso si estos derivan de controversias comerciales o contractuales.

Datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), citados por el diario La Estrella de Panamá, indican que el proceso arbitral WeBuild contra Panamá, fue registrado el 23 de junio de 2020 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington, Estados Unidos.

El resultado final de una diferencia de este tipo es un laudo arbitral, que constituye la decisión definitiva que resuelve el conflicto.

De otra parte,la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) no es parte directa en estos arbitrajes de inversión, pues las demandas de las empresas que participaron en el consorcio se presentan contra el Estado, no contra la entidad administradora de la vía.

La representación legal en estos casos recae en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que lidera la defensa del país ante los tribunales internacionales, pero la ACP colabora suministrando información técnica y contractual para fortalecer los argumentos de la defensa.

De acuerdo con el periódico, el arbitraje de WeBuild mantiene abierto un frente de riesgo económico y jurídico para el país, dado el monto en disputa y la complejidad técnica del caso.

De confirmarse una resolución favorable en este segundo proceso, Panamá consolidaría su posición jurídica en uno de los proyectos de infraestructura más emblemáticos de su historia reciente.

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