El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados afirmó en un comunicado que la iniciativa representa una escalada del gobierno derechista de Benjamin Netanyahu contra el pueblo palestino.

La propuesta afectaría a los palestinos condenados por matar a israelíes, pero no a la inversa.

El sistema judicial israelí y la Knesset (Parlamento) son meras herramientas de ese país para legalizar crímenes y garantizar la impunidad, subrayó la cartera.

Según la declaración, la medida tiene el objetivo de justificar las ejecuciones extrajudiciales de palestinos.

Este es un paso peligroso destinado a continuar el genocidio y la limpieza étnica con un barniz de legitimidad, reiteró.

“La propuesta de ley pone de manifiesto la senda del extremismo racista y el fascismo dentro del marco jurídico israelí, a pesar de que constituye una clara violación de todos los acuerdos, normas y leyes internacionales”, consideró.

La Cancillería afirmó que el pueblo palestino y sus dirigentes enfrentarán el plan “con todos los medios legales y políticos a su alcance”.

En las últimas horas partidos y facciones como el gubernamental Fatah, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), Yihad Islámica y el Frente Popular para la Liberación de Palestina condenaron la propuesta.

El Comité de Seguridad Nacional de la Knesset aprobó ayer la presentación del proyecto para su primera lectura, que permitiría aplicar la pena capital a quienes realicen ataques contra Israel.

El Canal 13 indicó que la iniciativa está dirigida en primer lugar contra los numerosos milicianos de Hamas encarcelados en Israel tras participar en la operación del 7 de octubre de 2023.

Por su parte, al coordinador de Rehenes y Personas Desaparecidas, el general de brigada en reserva Gal Hirsch, afirmó que “Netanyahu dio luz verde para proceder con la ratificación final de la ley”, impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, conocido por sus posturas antiárabes y colonialistas.

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