Entregada por el líder del PT en la Cámara de Diputados, Lindbergh Farias, en la solicitud se cita los contactos realizados por la administración de Castro con el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para que la facción criminal Comando Vermelho (Comando Rojo) fuera clasificada como organización terrorista.
La semana pasada, la televisora CNN Brasil mostró que la dirección carioca entregó un informe al Consulado de Estados Unidos en Río, en el cual evidenciaba el avance de la banda en el país norteño y demandaba que se la considerara una organización terrorista.
En una petición presentada ante la Fiscalía General, el PT afirma que el gobernador realizó negociaciones directas con Washington y la agencia de inteligencia DEA, entregando informes confidenciales de seguridad pública y solicitando que el Comando Vermelho fuera clasificado como narcoterrorista.
Según la organización política, esta iniciativa constituye una injerencia extranjera en un asunto que compete exclusivamente a la Unión y amenaza la integridad de la política de seguridad nacional.
«Al actuar como informante de un gobierno extranjero, Cláudio Castro viola la soberanía brasileña y contraviene el pacto federal», subraya el documento.
La petición insta al Supremo Tribunal Federal (STF) que ordene la remisión del caso a la Fiscalía General, solicite los informes y las comunicaciones entre el Gobierno de Río y las autoridades estadounidenses.
De igual manera, que suspenda provisionalmente a Castro de su cargo para prevenir futuras actividades ilícitas.
También la demanda exige que se contacte a la Agencia Brasileña de Inteligencia y a la Contraloría General de la Unión para preservar los datos e investigar cualquier posible filtración de información estratégica de seguridad.
A finales de octubre, el PT pidió al STF la destitución de Castro por injerencia en investigaciones del sector de combustibles.
De acuerdo con la denuncia, una red en los carburantes está controlada por miembros de la facción criminal Primer Comando de la Capital (PCC).
En la imputación, Farias requiere la apertura de una investigación penal, el levantamiento del secreto fiscal, bancario y telefónico del gobernador, y su destitución preventiva.
La inculpación refiere que, mientras la Policía Federal trabajaba para combatir el lavado de dinero y la evasión fiscal, el Gobierno de Río actuaba a favor de refinerías investigadas por fraude.
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