La emisión del veredicto se pospuso al menos por unos 30 días después que el ministro Antonio Carlos Ferreira solicitara una revisión.

También Galloti (relatora del caso) abogó por la cesantía del presidente de la Asamblea Legislativa de Río, Rodrigo Bacellar, por el mismo motivo.

La Fiscalía Electoral acusa a Castro de realizar al menos 27 mil contrataciones temporales para la ejecución de proyectos sociales de la Fundación de Estadística, Investigación y Capacitación de Funcionarios Públicos de Río (Ceperj) y la Universidad Estadual de Río (UERJ), a cambio de apoyo para la reelección del gobernador y la de Bacellar como diputado.

Entre enero y agosto de 2022, los empleados contratados temporalmente recibían desembolsos mediante recibos de pagos por cuenta autónomos (RPA), con retiros en efectivo en ventanilla.

Durante este período, la administración supuestamente emitió aproximadamente 92 mil órdenes de pago por un total de alrededor de 250 millones de reales (46 millones 300 mil dólares).

La ponente del TSE observó que el Poder Público utiliza los RPA para pagar a personas que ocasionalmente prestan servicios por cuenta propia.

«Es evidente que no se trataba de proveedores ocasionales, sino de remuneraciones relacionadas con contratos laborales celebrados en contravención de la normativa vigente», señaló.

La ministra mencionó que se retiraron millones de reales de la única sucursal de un banco en Campos dos Goytacazes (Río), domicilio electoral de Bacellar.

«Una cuñada del entonces secretario de Estado retiró 22 mil reales (un poco más de cuatro mil dólares) vinculados al pago de Ceperj», recordó, añadiendo que la fundación también firmó un contrato con un hombre que posteriormente coordinaría las campañas de Castro y Castro.

Según la ponente, ambas autoridades en la llamada Cuidad Maravillosa utilizaron sus respectivos cargos para construir un proyecto de poder.

«Ceperj y UERJ, instituciones con importantes funciones sociales, fueron manipuladas para servir de fachada a un esquema de compra de votos y financiamiento irregular de una red de simpatizantes de sus aspiraciones electorales», denunció.

Ferreira deberá devolver los expedientes en un plazo de 30 días, pero podrá solicitar una prórroga de otras 30 jornadas a Cármen Lúcia Antunes, presidenta del TSE.

Asimismo, cualquiera de los otros cuatro magistrados podrá demandar una revisión, con excepción de la relatora y la presidenta.

Si tres ministros más siguen el ejemplo de la ponente del caso, Castro y Bacellar serán destituidos de sus cargos y quedarán inhabilitados.

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