El decreto emergió en un escenario de vigilancia reforzada: la Policía Federal (PF) del norteño estado de Pará remitió una carta al Gobierno federal alertando sobre riesgos para sus agentes, en medio de operaciones policiales de alto impacto, como la reciente megaoperación en Río de Janeiro que dejó al menos 121 muertos.
Dentro de ese marco, se registraron informes de intentos de robo y otros incidentes en el recinto de la 30 Conferencia de Naciones Unidas sobre el Clima (COP30) que se extiende hasta el día 21 en la capital amazónica de Pará.
Lo anterior llevó a que unas 20 entidades, entre ellas la PF y el Ministerio de Justicia, participaran esta semana en una reunión de emergencia para revisar la situación.
El decreto de la GLO habilita al Gobierno federal, con apoyo de la administración paraense, a movilizar fuerzas armadas y policiales adicionales, así como a reforzar el control de espacios claves, para garantizar el normal desarrollo del evento.
Algunas de las principales medidas activadas serían el plan integral de seguridad, pues Brasil aplica un modelo ya probado en eventos internacionales (como la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos o la Cumbre del G20) mediante la coordinación de fuerzas federales, estaduales y municipales.
De igual manera, la movilización masiva de personal. Más de 10 mil agentes y militares estarán desplegados en Belém durante la COP30, según el plan oficial. Se estableció un riguroso control de acceso y perímetros reforzados.
En el recinto principal (la llamada Blue Zone del evento) impera una acreditación estricta, puestos de control, rutas exclusivas para delegados y seguridad perimetral tanto terrestre como acuática, dada la geografía de la región amazónica.
Organizadores del foro indicaron que el sistema de transporte para participantes incluye 15 líneas de autobuses dedicadas, rutas exclusivas, y zonas de ascenso/descenso delimitadas para taxis y apps, lo que ayuda a aislar y controlar el flujo de personas.
Se designaron hospitales de referencia en Belém y alrededores, protocolos de respuesta rápida y una red de atención de salud preparada para contingencias múltiple.
Según medios periodísticos, se anticipa la limitación o supervisión de marchas y protestas, para evitar que actos de desorden interfieran en las actividades oficiales.
Aunque Brasil intenta garantizar un evento seguro, el entorno es complejo. Belém registra una tasa de criminalidad por encima del promedio nacional, y algunas zonas presentan tiempos de respuesta policial más lentos.
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