En declaraciones al canal privado DTV l, el fiscal departamental Alberto Zeballos criticó la actuación de la autoridad que concedió una acción de libertad sin notificar al Ministerio Público ni a las instituciones que representan a la víctima.

“Consideramos que no se ha cumplido el debido proceso. Estamos requiriendo a la autoridad judicial que nos sustente por qué su decisión de omitir la notificación al Ministerio Público, siendo que somos parte activa y directores funcionales de la investigación en un delito de acción penal pública (…)” afirmó.

Añadió que no se descarta iniciar un proceso penal.

Según la autoridad, la audiencia de acción de libertad se llevó a cabo “en vísperas del feriado de Todos Santos”, sin la presencia ni conocimiento del Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ni la parte civil.

Subrayó que este proceder vulneraría los derechos de las instituciones que representan el interés superior de la víctima.

“Respetamos el fallo, pero no lo compartimos en absoluto. Consideramos que se nos ha vulnerado el debido proceso, entre otros derechos y garantías que ya estamos haciendo conocer ante la autoridad judicial”, precisó.

Describió que solicitó copias legalizadas de la resolución, del acta de audiencia y de las pruebas presentadas por la parte accionante, con el fin de analizar los antecedentes y establecer responsabilidades.

Anticipó Zeballos que, una vez concluido ese análisis junto a la Comisión de Fiscales, se asumirán las acciones legales que correspondan.

“No se descarta el iniciar un proceso penal de manera inmediata por delitos de corrupción contra la autoridad judicial competente que ha dictado esta clase de resoluciones”, ratificó.

Este caso escandalizó a Bolivia, pues ocurrió coincidentemente con la confirmación de cerca de 100 abusos sexuales en colegios religiosos y de otro tipo.

Sebastián Delius es el principal acusado de la violación de un menor de 12 años en el Colegio Alemán de Santa Cruz, hecho ocurrido en mayo de 2023.

El acusado de clase pudiente, huyó del país, pero fue capturado por Interpol en España, en agosto de 2024, y posteriormente extraditado a Bolivia en abril de 2025, donde fue recluido preventivamente en el penal de Palmasola.

Su puesta en libertad ha originado disgusto y críticas por portavoces de organizaciones sociales y activistas de derechos humanos.

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