En la última jornada de la Cumbre de Líderes, marcada por la convergencia entre justicia social y acción ambiental, la «Declaración de Belém sobre Hambre, Pobreza y Acción Climática Centrada en las Personas» emergió como el nuevo pacto moral de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Clima (COP30), que tendrá su comienzo oficial el lunes.

Impulsado por Brasil y avalado por naciones de todos los continentes, el texto redefine las prioridades del debate climático global al situar la protección de los más vulnerables en el corazón de las políticas de mitigación y adaptación.

La Declaración reconoce que los impactos del calentamiento global son desiguales y golpean con mayor dureza a las comunidades pobres, rurales e indígenas, exigiendo una respuesta internacional «centrada en las personas».

Entre sus compromisos figuran la expansión de sistemas de protección social adaptativa, el fortalecimiento de los pequeños productores agrícolas y la promoción de transiciones justas en regiones forestales y ecosistemas sensibles.

También el documento reclama una reorientación del financiamiento climático, que deberá destinarse a proyectos con impacto humano directo: empleo, seguridad alimentaria, salud y resiliencia comunitaria frente a desastres.

Con metas verificables, la Declaración convoca a gobiernos, agencias de Naciones Unidas y bancos multilaterales a implementar un Plan de Aceleración de Soluciones, articulado con la Agenda de Acción de la COP30.

Los firmantes, entre ellos España, México, China, Cuba, Francia y Alemania, asumieron el compromiso de revisar los avances en 2030, en un balance global que medirá la efectividad de las políticas sociales frente al cambio climático.

Desde Belém, el mensaje fue claro: el futuro del planeta también depende de la justicia social.

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