De acuerdo con el canal de noticias TVN, que cita al abogado Giovani Olmos, el país podría finalmente conocer el desenlace del proceso el próximo martes 11 de noviembre, si el juicio no vuelve a suspenderse, como ha ocurrido en al menos cuatro ocasiones anteriores.
En Panamá, la constructora brasileña pagó más de 59 millones de dólares en sobornos a exfuncionarios de alto rango e intermediarios, según revelaron las investigaciones judiciales.
El principal delito investigado es contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, cuyo origen se vincula a los delitos de peculado y corrupción de servidores públicos, de acuerdo con la Fiscalía Especial Anticorrupción.
En el caso están vinculados dos expresidentes, Ricardo Martinelli (2009-2014), ahora exiliado en Colombia, además de dos de sus hijos, ; y Juan Carlos Varela (2014-2019), entre otras 30 personas.
De acuerdo con la Fiscalía, para ejecutar los pagos ilícitos, Odebrecht estableció una estructura financiera secreta conocida como la «División de Operaciones Estructuradas», un mecanismo interno diseñado para gestionar sobornos a través de sociedades fachada y cuentas en paraísos fiscales, utilizadas por intermediarios designados por funcionarios panameños.
El propósito de los sobornos era claro: obtener contratos millonarios de obras públicas en el país, una práctica que se repitió en diversos proyectos estatales.
Panamá es uno de los últimos países en la región en avanzar hacia una audiencia pública sobre la red de sobornos que involucró a exmandatarios, ministros y empresarios.
Durante años, el proceso judicial dependió de la asistencia legal internacional de Brasil, necesaria para que exdirectivos de Odebrecht declararan formalmente.
Sin embargo, el Ministerio Público señaló que las pruebas claves, incluidas las delaciones premiadas y confesiones de exejecutivos, ya constan en el expediente panameño, precisó el informativo.
De acuerdo con expertos consultados por TVN, la jueza Baloisa Márquez debe valorar las pruebas que obran en el proceso, incluyendo las confesiones y documentos acreditados por cooperación internacional.
El camino hacia el juicio ha sido largo y accidentado: En 2022, el Órgano Judicial definió quiénes serían llamados a la audiencia.
La primera fecha se fijó para el 15 de julio de 2024, con una alterna el 16 de septiembre, pero ambas fueron suspendidas.
Posteriormente, se reprogramó para el 12 de noviembre de 2024 y una alterna el 20 de enero de 2025, sin éxito ambas, debido a certificados médicos, ausencias de imputados y la falta de documentos provenientes de Brasil.
Ahora, la nueva fecha establecida es el martes 11 de noviembre de 2025, con una alterna el 12 de enero de 2026, en caso de presentarse nuevas justificaciones médicas o impedimentos.
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