Fiscalía investiga ataque a sus oficinas en ciudad de Ecuador

Quito, 7 nov (Prensa Latina) La Fiscalía General de Ecuador informó hoy sobre la apertura de una investigación por el ataque armado contra sus dependencias en el cantón Montecristi, de la provincia costera de Manabí.

Este hecho violento constituye un claro intento de amedrentar a funcionarios y servidores, y de obstaculizar el ejercicio pleno de las funciones constitucionales de la institución, señaló la entidad en su cuenta de la red social X.

Según reportes de la prensa local, un hombre encapuchado disparó contra la sede de esa institución y dejó panfletos con amenazas dirigidas a uno de los fiscales, lo cual quedó registrado en un video difundido en plataformas digitales.

La institución condenó los hechos e indicó que se activaron los protocolos de seguridad para salvaguardar la integridad del personal fiscal y administrativo.

Además, solicitó al Ministerio del Interior que, a través de las unidades de la Policía Nacional, le brinden protección a los funcionarios.

Ecuador vive una crisis de seguridad a pesar de los operativos de las autoridades, los estados de excepción y la militarización.

Suman más de siete mil 400 asesinatos reportados este año, que se encamina a cerrar como el más violento de la historia nacional en medio de un auge del narcotráfico y otros delitos.

El ministro del Interior, John Reimberg, se refirió este viernes a cómo la Policía Nacional frustró anoche un atentado con explosivos en Quito con un vehículo que contenía tres cilindros de gas y otros artefactos preparados para generar una detonación de gran magnitud,

Específicamente, el coche bomba estaba ubicado en las inmediaciones del Complejo Judicial Norte, en esta capital.

En Guayaquil, en cambio, se reportó anoche una falsa alarma en la avenida 9 de Octubre, que generó tensión en la ciudadanía, aunque según Reimberg ese hecho fue parte de una estrategia para desviar la atención de las fuerzas de seguridad mientras se preparaba el ataque en Quito.

El Consejo de la Judicatura, entidad responsable por la administración de la función judicial, sostuvo que este hecho constituye un acto de intimidación contra quienes buscan impartir justicia.

ga/avr

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