También ese panel, en sesión plenaria virtual que se extenderá hasta el 14 de noviembre, examinará las apelaciones de otros seis acusados del denominado núcleo uno de la conspiración.

El ministro Alexandre de Moraes, relator del caso, será el primero en emitir su voto, seguido de los magistrados Cármen Lúcia Antunes, Cristiano Zanin y Flávio Dino.

La corte confirmó que Luiz Fux, quien votó en contra de la condena en el pleito anterior, no participará en esta fase tras su traslado a la segunda sala del juzgado.

Formalmente una solicitud de aclaración, el requerimiento tiene por objetivo señalar posibles contradicciones, errores u omisiones en la sentencia, pero no tiene el poder de revertir la condena.

El Supremo Tribunal Federal había considerado probado que Bolsonaro lideró una organización criminal armada y participó en el intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, además de instigar daños agravados, amenazas graves y deterioro del patrimonio público.

De 70 años, el exmandatario no comenzará a cumplir su condena hasta que se agoten las instancias de apelación. Su staff jurídico pidió arresto domiciliario alegando problemas de salud.

Según el diario Folha de Sao Paulo, el gobierno del Distrito Federal solicitó a De Moraes que Bolsonaro sea sometido a una evaluación médica antes de su eventual ingreso en prisión.

Los abogados del político ultraderechista sostienen que la sentencia fue «injusta y desproporcionada», denunciando falta de tiempo para analizar las pruebas y restricciones al derecho a la defensa.

De igual manera intentan desacreditar el testimonio del exayudante de órdenes de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, pieza clave en la acusación.

En su argumentación, la defensa afirma que el egobernante habría «abandonado voluntariamente» cualquier intento de ruptura institucional tras reuniones con las Fuerzas Armadas y que, por el contrario, adoptó «una postura pública de desaliento» frente a los bloqueos y manifestaciones que desembocaron en los episodios golpistas del 8 de enero de 2023.

Asimismo, insiste en que no se comprobó su vínculo con el plan para asesinar a autoridades ni su participación en la llamada Operación Mundial 2022, que los investigadores consideran parte del intento de golpe.

El resultado del proceso definirá no solo el futuro judicial de Bolsonaro, sino también el tono de la relación entre el Supremo y los sectores más radicales del bolsonarismo (adeptos del excapitán del Ejército), en un Brasil que todavía intenta cerrar las heridas institucionales del 8 de enero.

mem/ocs