En su cuenta de la red social X, el mandatario afirmó que quienes redactarán la Carta Magna, en caso de que sea aprobada esa propuesta en la consulta popular y referéndum del próximo 16 de noviembre, “serán los patriotas que buscan un país mejor”.

“La Constitución no la escribirá la IA, como alegan los políticos desesperados por confundir a la gente. Lo que sí está haciendo es ayudar a construir un mundo más avanzado. Por eso entregamos 30 mil becas para que más ecuatorianos aprendan a usarla”, señaló el gobernante.

Agregó que los constitucionalistas buscarán con el nuevo texto que “los delincuentes no vuelvan a ser prioridad, donde no salgan libres con medidas sustitutivas, donde no cualquiera pueda ingresar libremente por la frontera para delinquir. Un país en el que el bien esté por encima del mal”

Esas afirmaciones llegan luego de que Noboa dijera que una IA puede diseñar una constitución durante un acto público en la ciudad sureña de Cuenca.

“Nuestros equipos de comunicación hacen ciertas preguntas en Chat GPT para cosas sencillas, para un discurso, para diseñar hasta una Constitución”, fue el comentario de ese momento.

Ese fragmento de su discurso se volvió viral en redes sociales y generó diversas reacciones, muchas de ellas negativas, pues para muchos sería necesaria la participación de diversos sectores de la sociedad, no de algoritmos.

La legisladora Viviana Veloz, del movimiento Revolución Ciudadana (oposición), señaló que ahora Noboa quiso retractarse.

“Tal vez por eso su gobierno parece un mal borrador: lleno de errores, tachones y falta de sentido. La inteligencia real está en crisis y escasez crónica en Carondelet… y el país, en modo ensayo”, dijo Veloz.

La decisión de reemplazar la Carta Magna vigente desde 2008 dependerá de un pronunciamiento ciudadano favorable en la consulta popular venidera.

En ese caso, los ecuatorianos deberán volver a las urnas nuevamente para elegir a los integrantes de una Asamblea Constituyente, y luego, en una tercera ocasión, para votar a favor o en contra del texto elaborado.

En dos semanas, más de 13 millones de ecuatorianos deberán responder también si aprueban o no la instalación de bases militares extranjeras, la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos y la reducción del número de legisladores.

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