El mayor caso de corrupción del istmo tenía programada la vista este martes 11 de noviembre, pero fue suspendida y reprogramada para su fecha alterna el 12 de enero de 2026, debido a que las autoridades no han logrado ubicar ni notificar al multimillonario, ahora asilado en Colombia.
Para el abogado y analista político Rodrigo Noriega, la situación “no es una sorpresa”, asegurando que lo ocurrido “es una burla a la justicia panameña y a los ciudadanos”.
En declaraciones al canal de noticias TVN, Noriega afirmó que el exgobernante incluso hizo acusaciones de que deben investigar al vicepresidente José Gabriel Carrizo(2019-2024) pero no tiene el coraje, la valentía, la decencia y el civismo de presentarse a la justicia panameña.
Sobre este caso del manejo de sobornos de la constructora, indicó que podrían darse varios escenarios el próximo año, entre ellos que se declare la ruptura procesal y se separe al multimillonario del juicio actual.
El jurista recordó que el embajador de Panamá en Colombia, Mario Boyd, hermano del actual ministro de Salud, Fernando Boyd, es amigo de Martinelli, por lo que instó al Estado a hacer todos los intentos con las autoridades colombianas de localizar formalmente al expresidente y traerlo de vuelta al país.
Noriega llegó a a afirmar que en este caso, se aprecia un pacto entre el presidente de la República, José Raúl Mulino, y el exgobernante, lo que lamentablemente significa que va a haber impunidad.
En ese sentido, pidió a la Corte Suprema de Justicia asumir su papel en los procesos que involucran a este y otros impugnados, entre ellos el también expresidente Juan Carlos Varela(2014-2019) y dos hijos de Martinelli, diputados del Parlacen.
Martinelli enfrenta un emplazamiento judicial por su presunta participación en el delito de blanqueo de capitales.
El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, a cargo de Baloisa Marquínez, emitió este año un edicto para ubicar al exmandatario y advirtió que, de no comparecer en 40 días, no podrá ser juzgado hasta su localización. Este emplazamiento culmina el próximo 15 de diciembre.
En este caso, las pesquisas del Ministerio Público revelan que la constructora brasileña Odebrecht pagó más de 96 millones de dólares en sobornos a funcionarios e intermediarios panameños, a cambio de contratos estatales durante el período 2009-2014.
En el comunicado de Marquínez se precisa además que no habían recibido las asistencias judiciales requeridas a Brasil y Perú, en las que se solicitaba tomar declaración a varios testigos.
La falta de estas asistencias provocó la suspensión del juicio del pasado 20 de enero, cuando estaba previsto celebrarse.
En esa fecha, la juez Marquínez acogió una petición de varios abogados defensores y de la propia fiscal anticorrupción, Ruth Morcillo.
Hasta ahora, la letrada ha fijado tres fechas distintas para el inicio del juicio de Odebrecht. Primero lo programó para el 15 de julio de 2024 (con fecha alterna el 16 de septiembre).
Luego lo reprogramó para el 12 de noviembre de 2024 (con fecha alterna el 20 de enero de 2025). Y, finalmente, lo dejó para este 11 de noviembre de 2025 (con fecha alterna el 12 de enero de 2026), que era la audiencia prevista en cinco días.
Panamá es uno de los últimos países en la región en avanzar hacia una audiencia pública sobre la red de sobornos que involucró a exmandatarios, ministros y empresarios.
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