La acción de fuerza la anunciaron del miércoles 12 al viernes 14 de noviembre, en reclamo de los docentes universitarios, quienes denuncian que sus ingresos se encuentran muy por debajo de la inflación, y que muchas instituciones declararon la emergencia presupuestaria debido a que los fondos no alcanzan para cubrir el año.

En particular, protestan por la decisión del gobierno de Javier Milei de suspender la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La norma, ratificada por el Congreso tras un veto presidencial, contempla un esquema progresivo de financiamiento universitario que va del 1 por ciento del Producto Interno Bruto en 2026 hasta el 1,5 en 2031.

La medida estipula también la apertura de paritarias para recomponer salarios, la actualización de los gastos de funcionamiento, la creación de fondos para infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas.

Desde el sector docente advierten que, de no concretarse avances, podrían afectar el inicio del ciclo lectivo 2026 como medida de presión adicional.

El ejecutivo bajo fuerte presión pública anunció recientemente aumentos para otros sectores (como discapacidad y pediatría de emergencia) pero reiteradamente dejó fuera a las universidades del paquete de medidas presupuestarias.

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