La Corte de Apelaciones de París aceptó el pedido de la Fiscalía General de libertad condicional para el otrora jefe del Estado, sentenciado en septiembre por asociación delictiva en el caso de financiamiento ilegal de su campaña electoral en 2007 con dinero libio, presuntamente otorgado por el entonces hombre fuerte de ese país, Muammar Gadafi.

Según el dictamen, Sarkozy, de 70 años, no puede contactar ni a exautoridades libias ni a funcionarios del sistema judicial francés, entre ellos el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, de quien fue mentor en la política.

La Corte también prohibió al expresidente salir del país, en un proceso que debe de tener su próxima etapa en marzo, con el análisis de la apelación de la defensa.

El 25 de septiembre el Tribunal Correccional de París confirmó la prisión cerrada para Sarkozy, al desestimar los cargos de desvío de fondos públicos y corrupción pasiva, pero mantener el de asociación delictiva, por lo que la pena de siete años de cárcel solicitada en marzo por la Fiscalía quedó en cinco.

De acuerdo con el tribunal, no pudo demostrarse que los fondos aportados por Gadafi, asesinado en 2011, entraron a la campaña presidencial del 2007.

Varios colaboradores del político fueron también sentenciados, entre ellos los ministros bajo su gestión Claude Guéant, a cinco años, aunque sin encierro por motivos de salud, y Brice Hortefeux, a dos, con la posibilidad de cumplirlos con un brazalete electrónico.

La libertad condicional fue otorgada en sintonía con el artículo 144 del Código Penal, el cual establece que el mantenimiento en la prisión solo es posible si es la única vía para proteger pruebas o prevenir escapes o presiones.

El anuncio de su libertad generó reacciones encontradas en el ámbito de la política, con figuras de la derecha que celebraron la salida de prisión de Sarkozy, mientras que desde la izquierda la rechazaron alegando favoritismo.

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