En un comunicado, el ente acusador del Estado imputó a los magistrados derechistas Mario Flores y Miriam Barahona de prevaricato judicial, tras ordenar al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de dos ciudadanos como candidatos a diputados sin cumplir el procedimiento.

Según la investigación, Flores y Barahona, representantes de los partidos Nacional (PN) y Liberal (PL) en el TJE, dictaron resoluciones sin respetar el procedimiento establecido en la Ley Orgánica y Procesal Electoral, lo que derivó en el delito de prevaricato judicial.

La acción de la Fiscalía se realizó después que la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible la solicitud de antejuicio, lo que permitió que el proceso avanzara bajo conocimiento de un juez natural.

Para el Ministerio Público, los dos funcionarios resolvieron de forma irregular, arbitraria y antojadiza la inscripción de Jorge Cálix (PL) y Cristhian Villalobos (PN).

Como consecuencia, acusó a ambos togados de emitir resoluciones sin la participación del tercer miembro del pleno del TJE, en clara violación de lo establecido en la Ley Electoral y la Constitución de la República.

Flores y Barahona habrían actuado de manera irregular al emitir resoluciones sin la asistencia del tercer miembro del TJE, ordenando al CNE la inscripción de Cálix y Villalobos como aspirantes al Congreso Nacional (Parlamento), pese a que el tribunal no estaba debidamente conformado.

El CNE excluyó el pasado miércoles a los dos políticos de derecha de la carrera por una candidatura al Congreso, en los comicios del último domingo del presente mes.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Hall, declaró inaplicables las resoluciones del TJE que ordenaron al ente la inscripción de Cálix como candidato por el departamento de Olancho, pese a no residir en esa región en los últimos cinco años, como exige la ley.

Además, el controvertido dirigente liberal participó en las elecciones internas y primarias del pasado 9 de marzo como precandidato presidencial, pero perdió en esa contienda frente a su correligionario Salvador Nasralla, otro motivo para invalidar su postulación al Parlamento.

Hall, representante del PL en el árbitro electoral hondureño, argumentó en su decisión que dar cumplimiento a las disposiciones del Tribunal de Justicia Electoral colocaría el CNE en una situación límite con la legalidad.

“Esa instrucción bien podría calificarse como prevaricato administrativo, no solamente para quienes giren la orden, sino también para quienes la ejecuten, conociendo los hechos públicos y notorios”, advirtió la consejera presidenta.

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