Las órdenes abarcan cuentas bancarias, vehículos de lujo, contratos de seguros e incluso aeronaves, supuestamente adquiridos con fondos desviados de obras públicas irregulares, informó el subsecretario de Justicia, Gerard Andres.

“Estas medidas son herramientas poderosas para garantizar que los fondos robados regresen al Tesoro Nacional”, afirmó el funcionario.

Andres adelantó que una segunda tanda de seis casos se encuentra en fase de preparación y será presentada próximamente, el cual involucra a funcionarios de alto rango.

“En el próximo grupo habrá congresistas, actuales y pasados, así como senadores y otros beneficiarios de los contratos fraudulentos”, señaló.

Las pesquisas forman parte de la campaña del gobierno del presidente Ferdinand Marcos Junior contra la corrupción a gran escala en la ejecución de infraestructura pública.

Esta se centra inicialmente en los proyectos de control de inundaciones en Bulacan, donde se detectaron obras fantasma, informes falsificados y sobornos millonarios.

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