El abogado de la organización, Agustín Grijalva, afirmó este miércoles que desde que se dio la consulta popular, hace dos años, el Gobierno no ha tomado acciones para cumplir la decisión de la ciudadanía de no explotar esa área de la amazonía ecuatoriana para proteger su biodiversidad.

También se ha incumplido el dictamen de la Corte Constitucional que establecía los pasos para ejecutar esa decisión, señaló Grijalva desde las afueras de la Corte Constitucional.

Además, explicó que la demanda se fundamenta también en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2024, que condenó al Estado ecuatoriano por mantener actividades petroleras que ponen en riesgo la vida y los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

El 20 de agosto de 2023, más de cinco millones 541 mil ecuatorianos votaron a favor de mantener bajo tierra el crudo del Yasuní y la Corte Constitucional dispuso un retiro progresivo y ordenado de las actividades relacionadas con la extracción en un término no mayor a un año.

Sin embargo, Yasunidos asegura que continúa la actividad petrolera en el bloque 43, también llamado ITT, porque integra los campos Ishpingo, Tamabacocha y Tiputini.

El coordinador del colectivo, Pedro Bermeo, afirmó que la administración de Noboa estaría “confundiendo” la disposición de retirar la infraestructura con suspender la explotación petrolera.

“Las consultas populares no son una encuesta, son de inmediato y obligatorio cumplimiento”, agregó Bermeo.

Según indicó, hasta este 11 de noviembre el reporte de producción de la Secretaría de Hidrocarburos detalla que se extrajeron 44 mil 470 barriles de petróleo.

El Yasuní junto al Territorio Ancestral Huaorani fue declarado por la Unesco como reserva de la biosfera en 1989 y es considerado uno de los sitios más biodiversos del planeta.

jha/avr