La votación del 16 de noviembre no solo definirá si se instala una nueva Constituyente, sino también si se permitirá la presencia de bases militares extranjeras, se reducirá el número de legisladores y se eliminará el financiamiento público a los partidos políticos.

Sin embargo, la idea de reescribir la Carta Magna se convirtió en el punto más controversial de la consulta popular.

El mandatario ha dicho que busca “una Constitución donde el bien esté por encima del mal”, aludiendo a la crisis de inseguridad y violencia que enfrenta el país.

Para sus críticos, detrás de esa promesa se esconde una intención de reconfigurar el sistema político y concentrar el poder.

El economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi que redactó la Constitución de 2008, considera que Noboa “parecería pedir un cheque en blanco”.

En su opinión, el Gobierno busca “reemplazar una Constitución que incomoda a las élites porque les quitó privilegios y estableció límites al poder económico y político”.

En esa línea, el periodista Leonardo Parrini sostiene que la pregunta sobre la Constituyente está dirigida contra la Carta Magna vigente desde 2008, cuando gobernaba el país Rafael Correa (2007-2017), texto considerado por el oficialismo como un obstáculo.

Para Parrini, la iniciativa “abre la puerta a la regresión de derechos adquiridos y al retorno del viejo país de privilegios e inequidades”.

La abogada María Dolores Miño advirtió en su cuenta de X que “el runrún de que no tocarán los derechos es falso”.

Según explicó, “una vez instalada una Constituyente nada puede impedir que se comprometan derechos como la educación superior pública, la salud gratuita o los derechos de la Naturaleza”.

En ese sentido, la abogada laboralista Angie Topapanta comentó que una nueva ley de leyes no mejorará por sí sola problemas como los que hoy enfrenta el mercado laboral, con desempleo y precarización.

La jurista Mónica Luzárraga cree que más allá del debate jurídico, lo que está en juego es la memoria social.

“La Constitución fue construida con diálogo y luchas históricas. No permitamos que nos la quiten”, afirmó.

El historiador Juan Paz y Miño alertó en un texto sobre la historia constitucional ecuatoriana que “aprovechando esta consulta, el país podría consagrar una nueva época plutocrática que consolide la dominación de las élites sobre el Estado y la economía”.

La Constitución actual fue considerada una de las más avanzadas del continente, introdujo el respeto a los derechos de la naturaleza, el concepto del Buen Vivir (Sumak Kawsay) y la prohibición de bases militares extranjeras.

Ahora, en medio de un clima de inseguridad, crisis económica y polarización política, la posibilidad de reemplazarla reaviva un debate profundo sobre el rumbo del país.

Para algunos es una promesa de renovación, mientras otros aseguran que será un salto hacia atrás en la historia de Ecuador.

El mandatario llegó a sugerir que una eventual nueva Constitución podía ser redactada con inteligencia artificial, aunque luego se retractó, y aunque la votación no se ha realizado ya anunció nombres para redactar el texto, entre ellos su madre, la asambleísta Anabella Azín, quien registra un alto número de inasistencias en el Legislativo.

Noboa actúa como si el resultado estuviera asegurado, pero la decisión está en manos de la ciudadanía, que el próximo domingo acudirá a las urnas en un proceso que costará al menos 60 millones de dólares.

De aceptar la convocatoria a una Constituyente, los ecuatorianos deberán volver a votar en dos ocasiones más para elegir a quienes redacten el texto constitucional y luego para decidir si lo aprueban o no.

rgh/avr