La clasificación y el registro del armamento estuvo a cargo de la Policía Nacional y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

Las armas fueron despedazadas en las instalaciones de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) con una maquinaria industrial suministrada por la organización británica Mines Advisory Group en virtud de un convenio con Sucamec.

Los restos del armamento serán enviados a la empresa estatal siderúrgica Siderperú para su fundición con fines de usar el metal en la fabricaciòn de juegos infantiles y minigimnasios para zonas pobres del país, según el informe oficial.

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