Su abogado presentó la denuncia ante la Fiscalía de la Nación y acusa a los legisladores que el 7 de diciembre de 2022 votaron por vacarlo (destituirlo), acusándolo de dar un golpe de Estado, y lo pusieron a disposición del Poder Judicial.

Según el documento de la defensa del exmandatario, la destitución no fue legal porque, por su carácter sumario, exigía ser aprobada por 104 votos, pero solo la apoyaron 101, y fue avalada por el Parlamento con el argumento de que Castillo había incurrido en flagrancia, lo que eliminaba la exigencia de 104 votos.

La denuncia los acusa de los delitos de abuso de autoridad y nombramiento ilegal de cargo por haber elegido Presidenta a la hasta entonces vicemandataria Dina Boluarte, pese a lo que la defensa considera destitución ilegal de Castillo.

En la acusación está incluida Boluarte -quein fue a su vez destituida sumariamente con más de 104 votos-, también por abuso de autoridad y en su caso por aceptación ilegal de cargo.

El proceso a Castillo está en el tramo decisivo de alegatos finales, previo a la sentencia, que para la Fiscalía debe ser de 34 años de cárcel por el delito de rebelión y otros.

El Ministerio Público requiere además penas menores para los coacusados, la ex primera ministra Betssy Chávez, asilada en la embajada de México, mientras el Gobierno mantiene en suspenso el salvoconducto necesario para que viaje a ese país.

El tribunal, cuestionado por los acusados, que consideran que no ha sido imparcial su desempeño, y, ante las dudas sobre el cargo de rebelión, ha adelantado que las condenas podrían ser solo por conspiración para la rebelión, caso en el cual las penas serían reducidas, a 19 años para Castillo

Tras la investigación preparatoria y las dificultades en la determinación de los cargos contra Castillo y un grupo de colaboradores, el juicio comenzó recién el 4 de marzo de este año.

Los acusados señalan que el delito de rebelión consiste en alzarse en armas colectivamente contra el Estado, lo que no ocurrió, pues las Fuerzas Armadas desacataron el anuncio de Castillo de disolver el Parlamento y su escolta policial lo apresó, mientras la Fiscalía considera que la orden a los militares de cerrar el Legislativo equivale al alzamiento armado.

En una reciente audiencia judicial, Castillo declaró que “nunca cometí el delito de rebelión ni conspiración y nunca hice abuso de autoridad porque después de la vacancia yo no era autoridad”.

Una encuesta de hace unos meses verificó que la mayoría relativa de los encuestados opinaban que, si hubo golpe de Estado, lo dio el Parlamento opositor a Castillo.

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