En conferencia de prensa, el titular explicó que la primera denuncia recibida en el Ministerio Público (MP) la presentó el diputado César Dávila (de la bancada Bienestar Nacional) y después otra de la Contraloría General de Cuentas (CGC).
Tercero, acotó, una de la ministra del ramo (María Fernanda Rivera), derivado de que esa última institución realizó una auditoría y le indicó que se pronunciara en relación con los hallazgos reflejados en las conclusiones.
Curruchiche afirmó que, derivado de lo encontrado por la CGC, el monto defraudado al Estado es de 144 millones 836 mil quezales (poco más de 19 millones de dólares).
El fiscal José Ángel Díaz amplió que la pesquisa incluyó contratación de personal para la recepción del fertilizante a nivel nacional, falta de documentación que registre la cantidad de beneficiarios, entre otras.
Antes, el MP allanó el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, de Desarrollo Económico Rural, en la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y en la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural.
El ente investigativo explicó la existencia de múltiples proveedores que incumplieron los requisitos del Registro General de Adquisiciones del Estado y que además consignaron direcciones distintas a las establecidas en los contratos.
En noviembre de 2024, el medio periodístico local eP Investiga publicó un trabajo sobre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y el contrato de 241 millones de quetzales (casi 32 millones de dólares).
El mismo, señaló, se otorgó a la empresa Distribuidora Gálvez López, cuyo representante legal era Henry Augusto Gálvez, también presidente del club de fútbol Deportivo Sacachispas y amigo del diputado Boris España.
Los fondos para este contrato llegaron de la ampliación presupuestaria aprobada por el Congreso, de la cual se destinó un monto para que el MAGA realizara la compra de fertilizantes.
Analistas consideraron este caso, pero advirtieron que otros como el de las vacunas Sputnik (contra la Covid-19) no van a salir en esta administración del MP.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, enfatizó desde tiempo atrás en la acusación a la fiscal general, Consuelo Porras, de punta de lanza del Pacto de Corruptos, buscó removerla, y la tensión entre ambos resulta notoria.
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