Esa normativa sustituiría la que se encuentra vigente desde 1992, la cual se quedó completamente desfasada frente a las necesidades actuales del país, subrayó el titular en conferencia de prensa.

Explicó que las contrataciones públicas representan aproximadamente el 55,6 por ciento del presupuesto total de gasto del Estado, equivalente a un 6,4 por ciento del Producto Interno Bruto.

Sin embargo, acotó el funcionario, el marco legal que las regula no logró adecuarse a los estándares del siglo XXI.

Requerimos comprar recursos de una manera “ágil, transparente y buscando el interés general”, amplió Menkos.

Descartó que la nueva ley fuera improvisada, su elaboración comenzó en diciembre del 2024 y contó con la asesoría de organismos internacionales, así como con el estudio de experiencias exitosas en Chile, Costa Rica y Perú, añadió.

El ministro reveló que, en un hecho sin precedentes, el Registro General de Adquisiciones del Estado realizó 10 denuncias ante el Ministerio Público por inconsistencias y falsificaciones en la información de proveedores.

“Nos tomamos muy en serio en qué se utiliza cada centavo que llega a las arcas del Estado. Queremos saber más de los proveedores, quiénes son sus dueños”, afirmó el titular, para quien el reto de la propuesta será la aprobación en el Congreso.

El Gobierno confía en que los beneficios expuestos —mayor competitividad, atracción de inversión y eliminación de barreras no arancelarias— generen el consenso necesario entre los diputados, remarcó Menkos.

Manifestó que la ciudadanía espera que, tras décadas de un mismo sistema, esta nueva Ley marque un punto de inflexión en la relación entre el Estado y los proveedores, al priorizar el interés público sobre los privilegios de unos pocos.

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