Durante su habitual conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo mencionó que fueron en algunos casos 15 años de litigios, los cuales llegaron al alto tribunal antes de que se eligieran los nuevos ministros en los comicios del 1 de junio.

“La (antigua) Corte los dejó congelados. No quería decidir. (…) llegan a la Corte, los admiten y después los congelan. No resuelven, los dejan dentro de un cajón, y finalmente la Corte hoy lo que dice es: desechamos los recursos que presenta este grupo empresarial”, apuntó la mandataria.

Ayer la SCJN resolvió diversos asuntos relacionados con entidades del Grupo que impugnaron créditos fiscales determinados por la autoridad hacendaria, derivados de impuestos de 2008, 2009, 2010, 2012 y 2013, así como sobre la posibilidad de deducir pérdidas por la venta de acciones.

De esta manera, Ricardo Salinas –quien denuncia supuestos motivos políticos en un tema anterior a los gobiernos de la cuarta transformación, iniciada en 2018- deberá pagar más de 48 mil 300 millones de pesos (dos mil 634 millones de dólares) por impuestos, recargos y multas.

Sheinbaum negó este viernes que en la determinación exista un asunto político o un acto de autoritarismo y aseguró que el monto de los pagos se estableció conforme al Código Fiscal.

Un comunicado de la Corte detalla que las empresas acudieron primero ante la autoridad administrativa con recursos de revocación, que fueron resueltos en su contra, e interpusieron luego demandas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que confirmó la legalidad de los créditos fiscales.

Posteriormente, promovieron juicios de amparo directo, que también fueron negados por los Tribunales Colegiados y, finalmente, presentaron recursos de revisión que llegaron a la SCJN.

La Corte señaló que los asuntos analizados, como la deducción de pérdidas por venta de acciones o la aplicación de reglas del régimen de consolidación fiscal, no presentan cuestiones nuevas, ni de relevancia constitucional.

Por ello, determinó revocar los acuerdos que habían permitido que tales recursos de revisión siguieran su trámite, al no cumplirse los requisitos de procedencia exigidos.

“Con estas resoluciones, la Suprema Corte reafirma su compromiso con la legalidad, la certeza jurídica y la correcta aplicación de las normas en materia fiscal, fortaleciendo así su papel como garante de la justicia constitucional en México”, subrayó.

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