Durante una conferencia de prensa a propósito de celebrarse hoy el Día Nacional del Chofer, Hubieres cuestionó que estos deban asumir cargas impositivas que calificó de “injustas”, entre ellas el pago del 18 por ciento del ITBIS (impuesto) en diversos procesos y consumos asociados a su actividad.

Refirió que la situación de este grupo contrasta con las exenciones que reciben sectores como las zonas francas y el turismo, entre otros.

Aseguró que su reclamo no es nuevo y recordó que desde hace meses solicitó al Gobierno establecer una mesa de diálogo para revisar el tratamiento fiscal aplicado al transporte.

El dirigente sindical sostuvo que la falta de voluntad de las autoridades para discutir estos temas evidencia, a su juicio, que el Ejecutivo no muestra interés en frenar las irregularidades vinculadas al subsidio del gasoil y otros combustibles.

Denunció que hay quienes no tienen cómo justificar el combustible asignado y que el gobierno sabe que hay federaciones sin rutas ni ómnibus con gasoil estipulado.

Advirtió que las autoridades responsables del manejo del subsidio a los combustibles ignoran las denuncias pese a que —según afirmó— al menos “un 30 por ciento de esos carburantes estaría vinculado a una mafia que perjudica directamente a los choferes y va al mercado negro”.

El dirigente también comunicó al país su desvinculación total de la distribución del gasoil a partir de diciembre.

Aseguró que tanto el Estado como la ciudadanía y los medios de comunicación deben tener claro que no participa ni tiene responsabilidad alguna en esos procesos.

Reiteró que, mientras el Estado destina miles de millones de pesos a subsidios energéticos y combustibles, los transportistas reciben apenas una fracción mínima de esos recursos.

También criticó que a los choferes se les apliquen impuestos elevados al Gas Licuado del Petróleo (GLP), que utilizan para operar diariamente.

Afirmó que “los transportistas y las familias pagan 17 pesos en impuestos por cada galón de GLP”, mientras “otros grupos empresariales quedan exonerados”.

Esto, dijo, genera una presión económica insostenible para quienes movilizan la mayor parte de la población trabajadora y aumenta la desigualdad social.

Hubieres también insistió en la urgencia de garantizar pensiones dignas a los conductores y defendió el rol del transporte como uno de los principales motores de empleo del país, así como su contribución al PIB nacional.

Afirmó que, después del Estado, es “la mayor zona franca generadora de empleos”, movilizando más del 90 por ciento de los pasajeros a nivel nacional.

A pesar de ello, sostuvo, el sector carece de un marco de políticas públicas que impulse mejores condiciones laborales y de vida de quienes lo integran.

En ese sentido, enumeró una serie de reivindicaciones que consideró el Gobierno debe atender con urgencia.

Entre ellas figuran la entrega del BonoGas y pensiones dignas para los choferes, detener lo que calificó de “mafia” vinculada a los combustibles subsidiados y no subsidiados y garantizar gasolina y GLP de calidad y a precios justos.

Además, la implementación de un plan de viviendas para conductores de pasajeros y de carga y la puesta en marcha de un programa de educación, fiscalización y sanciones para reducir los accidentes de tránsito, que cada año causan más de seis muertes.

También exigió una reforma fiscal con remuneración adecuada e indexación salarial.

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