Celebrada en la Universidad Federal del norteño estado de Pará, en paralelo a la COP30, la cita combinó debates, paneles y actividades colectivas. Su apertura estuvo marcada por un desfile náutico de 250 embarcaciones y cinco mil asistentes en la bahía de Guajará.
Además del programa académico y político, la Cumbre de los Pueblos, iniciada el 12 de noviembre, incluyó una marcha que recorrió las principales avenidas de Belém y movilizó a unas 70 mil personas.
Diversos grupos sociales afirmaron que esta demostración evidenció la preocupación creciente por la lentitud de los acuerdos oficiales y la necesidad de que las soluciones climáticas surgidas de la sociedad civil sean incorporadas en los debates internacionales.
En la clausura, voceros del foro insistieron en que los procesos oficiales de negociación climática avanzan con lentitud y, a su juicio, no ofrecen respuestas estructurales.
Darcy Frigo, miembro de la Comisión Política del evento, afirmó que la movilización popular busca presionar por soluciones que surjan «desde el pueblo y para el pueblo».
También la reunión presentó una declaración trabajada durante dos años y respaldada por mil 109 organizaciones sociales y movimientos.
El documento fue entregado al presidente de la XXX Conferencia de Naciones Unidas sobre el Clima (COP30), André Corrêa do Lago, y cuestiona el modelo productivo global, el enfoque actual de la transición energética y la influencia empresarial en las decisiones públicas.
Tal declaración responsabiliza al modelo de producción global por agravar la crisis climática y cuestiona el enfoque dominante de la transición energética.
Asimismo, rechaza la influencia de grandes empresas en los espacios de decisión y denuncia procesos de privatización y mercantilización de bienes comunes como el agua, la tierra y la biodiversidad.
Para Thauane Nascimento, integrante de la Comisión Política, la crisis climática tiene raíces en un sistema que —según dijo— «produce el problema y ofrece respuestas que no transforman su lógica de fondo».
Sostuvo que muchas de las propuestas oficiales no cumplirán su objetivo por considerarlas insuficientes o desviadas hacia intereses privados.
Los organizadores reiteraron su rechazo a la mercantilización de bienes comunes y servicios públicos, señalando que la presión de actores corporativos debilita políticas realmente orientadas al interés social.
Corrêa do Lago prometió que la declaración será presentada en los espacios de negociación de alto nivel de la COP30, cuya siguiente sesión comenzará mañana, y destacó que espera que esta cumbre marque un «punto de inflexión» en el proceso climático.
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