El secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marco Andrade, precisó a Prensa Latina que solo tienen una representación en un escenario preparado por la titular del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral(Mitradel), Jackeline Muñoz.

Junto al Ejecutivo y a los empresarios, dijo, allí participan además dirigentes del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados(Conato), que han sido impuestos por Mitradel al desplazar a los verdaderos lideres de esa organización.

Andrade rechazó que los debates para determinar el salario mínimo promedio giren en torno a un concepto impuesto por el sector empresarial sobre el costo de la canasta básica de alimentos, sin tener en cuenta otros gastos en servicios eléctricos, agua y alquiler de vivienda, la llamada canasta básica ampliada.

Hace más de 30 años que no se percibe en el país un aumento real del salario mínimo promedio, cuestionó.

También Ariel Muñoz, quien representó a Conusi en la instalación de la mesa técnica para revisar las remuneraciones, denunció lo que llamó traición a la clase obrera por parte de los miembros de Conato que se pliegan a la decisión del Gobierno y los empresarios.

La próxima sesión de la comisión será el venidero miércoles 19 de noviembre , como parte de un proceso, que se lleva a cabo cada dos años e impacta de forma directa a todos los sectores productivos del país.

Las condiciones económicas actuales, el costo de vida, los niveles de productividad y otros indicadores sirven de base para definir un posible ajuste al salario mínimo promedio en el istmo, que según Conato debería estar en el orden de los 900 dólares mensuales, lo que para muchos es insuficiente.

Sin embargo, Gabriel Díaz, a nombre de los empresarios, adelantó que de igual manera que entienden que a muchos no les alcanza para cubrir las necesidades de sus familias, muchas empresas, en especial las micro, pequeñas y medianas empresas, están al límite de la sostenibilidad financiera.

Sobre este asunto la ministra Muñoz hizo un llamado a la prudencia y pidió no «hacerse expectativas», al tiempo que instó a que las decisiones se adopten con responsabilidad y que las consignas «no sean más fuertes que las realidades”.

De otra parte, se conoció del rechazo que ya tiene otro de los decretos de Mitradel que establece los parámetros para las huelgas en los servicios públicos.

La normativa define lineamientos para paralizaciones en sectores como energía, agua potable, transporte público, servicios hospitalarios, puertos, operaciones de emergencia, Metro de Panamá, MiBus, el canal de Panamá, así como servicios de rescate, bomberos y protección civil

Tras su promulgación, la Conusi anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.

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