Tales resoluciones fueron firmadas por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, en coordinación con el Ministerio de los Pueblos Indígenas y marcan un regreso decidido a la política territorial que fue paralizada desde 2018.

Las nuevas demarcaciones abarcan seis estados y diversos biomas, desde la Amazonia hasta la Mata Atlántica, fortaleciendo la protección climática y la justicia ambiental en un momento clave para las negociaciones globales sobre el clima en Belém.

Entre los territorios destaca el Tupinambá de Olivença, en el estado de Bahía (nordeste), cuyo reconocimiento fue prometido durante la ceremonia de devolución del Manto Tupinambá, una pieza sagrada que permaneció 300 años expuesta en un museo danés y fue repatriada a Brasil en 2024.

A la lista se suman Vista Alegre, Comexatiba, Ypoi Triunfo, Sawre Ba’pim, Pankará da Serra do Arapuá, Sambaqui, Ka’aguy Hovy, Pakurity y Ka’aguy Mirim (SP).

Estas áreas albergan pueblos como los Mura, Pataxó, Guarani-Kaiowá, Munduruku, Guarani-Mbya y Pankará. En conjunto, representan territorios estratégicos para la conservación, pues concentran extensiones de bosque nativo esenciales para contener el avance del desmonte.

De acuerdo con estudios de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), del Instituto de Pesquisa Ambiental de la Amazonia y del Comité Indígena de Cambios Climáticos, ampliar las demarcaciones podría evitar hasta un 20 por ciento del desmonte adicional.

También reducir un 26 por ciento de las emisiones de carbono de Brasil hasta 2030, un dato que refuerza el papel de las comunidades indígenas como barrera natural frente a la deforestación.

Las ordenanzas suscritas equivalen al reconocimiento formal de los límites de cada territorio, pero la etapa final —la homologación— aún depende de un decreto presidencial.

Aun así, el Gobierno brasileño suma este año 21 territorios reconocidos, tras haber iniciado en 2024 la reactivación del proceso de demarcación.

En total, Brasil cuenta hoy con 117,4 millones de hectáreas de tierras aborígenes, alrededor del 13,8 por ciento del territorio nacional, donde se encuentran algunos de los mayores bloques continuos de selva tropical del planeta.

Con estas decisiones, el Gobierno busca enviar una señal política en la COP30: que la agenda climática brasileña se alinea con la ciencia, con la protección territorial y las demandas de las comunidades originarias, que siguen siendo la primera línea de defensa de los bosques.

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