“Los retos señor ministro son extraordinarios, una nueva Ley de Minería moderna, ágil, adaptada a lo que hemos concebido de Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia”, afirmó el dignatario durante el acto de toma de posesión realizado en la Casa Grande del Pueblo (sede gubernamental), al insistir en la necesidad de una normativa “ágil y moderna”.

Remarcó, asimismo, que existen “(…) diferentes representaciones dentro del ámbito de la minería y todos son parte de una visión de desarrollo de la patria, de una visión de aporte y crecimiento”.

Sostuvo Paz que su Ejecutivo impulsa la eliminación de lo que él denomina “estado tranca por otro ágil, flexible e inteligente y en ese marco apoyarán a todos los sectores que aporten a la patria”.

Agradeció a la nueva autoridad por su voluntad de querer sumarse al trabajo en un momento difícil y en la “organización de un Estado que por más de 20 años fue dirigido por el Movimiento al Socialismo», cuyos resultados Paz ha criticado de manera reiterada durante toda la campaña presidencial y en su primera semana al frente del Órgano Ejecutivo.

Según Paz, el país vive una crisis institucional y de diferentes sectores, uno de los cuales es la minería, “el mayor generador de divisas”.

Con anterioridad, Calderón de la Barca cumplió funciones en la Asociación Nacional de Mineros Medianos.

Al hacer uso de la palabra, el titular anticipó que en los próximos días se reunirá con todos los sectores para analizar la situación de esta esfera.

La designación del ministro de Minería tuvo lugar después de la protesta de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), que exigía el nombramiento de una autoridad al frente de esta cartera de Estado.

Cuando Paz juramentó a su gabinete ministerial el 9 de noviembre último no incluyó a los titulares de Minería y Medio Ambiente, e incluso se anunció que ambos ministerios serían fusionados dentro de otros.

Esta situación originó protestas por parte de varias federaciones de cooperativistas mineros que, incluso se declararon en estado de emergencia.

Ante esta situación creada por un sector que agrupa a cientos de miles de integrantes, el Gobierno rectificó y decidió no eliminar la cartera de Minería y Metalurgia.

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