Más de medio millón de personas participó la víspera en esta Marcha por la Transparencia y una Mejor Democracia, en medio de un clima de incomodidad y desconfianza, pues las obras de infraestructura, para proteger mejor las ciudades, fueron financiadas con dinero de los contribuyentes.
Las protestas comenzaron hace dos días, después de conocerse la renuncia del secretario ejecutivo Lucas Bersamin y la secretaria de Presupuesto Amenah Pangandaman, en respuesta a los resultados de una investigación en torno a las iniciativas para controlar inundaciones.
Durante meses, la pesquisa ha revelado obras inexistentes, calificadas de fantasmas por el propio presidente, Ferdinand Marcos Jr., y otras defectuosas, mientras los responsables y personas involucradas aparecen según avanzan los análisis de los documentos.
Un comunicado de la presidencia filipina asegura que las renuncias no exonerarán a los funcionarios de asumir responsabilidades si las investigaciones los hallaran culpables.
Filipinas es extremadamente vulnerable a inundaciones debido a su ubicación en el cinturón de tifones del Pacífico.
Cada año el país enfrenta alrededor de 20 tormentas y tifones, que provocan lluvias torrenciales y desbordes de ríos.
Apenas este mes, más de 250 personas perdieron la vida por el impacto del tifón Kalmaegi y el supertifón Fung-wong.
Según el Departamento de Finanzas de Filipinas, la corrupción relacionada con los proyectos de control de inundaciones implicó una pérdida económica de hasta 118 mil 500 millones de pesos filipinos (cerca de dos mil millones de dólares) entre 2023 y 2025, lo cual afectó de forma negativa la economía y la confianza pública.
En el mes de septiembre, cientos de miles de personas comenzaron a demostrar el descontento popular, mediante protestas en las calles que llevaron a las fuerzas armadas a decretar una alerta roja por precaución.
Por otra parte, el escándalo repercutió en cambios en las dirigencias de ambas cámaras del Congreso.
Dueños de una empresa constructora denunciaron que unos 30 legisladores y funcionarios del Departamento de Obras Públicas y Carreteras recibieron sobornos vinculados a estos proyectos ficticios.
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