De acuerdo con una información divulgada por esa cartera, las víctimas son oriundas de Montería (Córdoba), Ocaña (Norte de Santander), Barranquilla y Baranoa (Atlántico), Fundación y Santa Marta (Magdalena), Manaure, San Juan del Cesar, Codazzi y Valledupar (Cesar), Riohacha (La Guajira), y pueblos indígenas ubicados en la Sierra Nevada.

Durante la ceremonia, Sánchez aseguró que los crímenes perpetrados contra civiles, además de deshonrar territorios sagrados, afectaron profundamente los procesos de gobierno propio y la autonomía de las comunidades.

También pidió perdón, en nombre del Estado, a las madres, padres, hijos e hijas, hermanos y hermanas, y a las comunidades indígenas a las que pertenecían las 23 víctimas. Las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2008 en César y La Guajira fueron cometidas por exintegrantes del Ejército y dirigidas a jóvenes campesinos e integrantes de los pueblos indígenas Kankuamo, Wiwa y Wayuú, incluida a una mujer menor de edad que al momento de los hechos estaba embarazada, añadió la comunicación.

Por estos eventos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó como máximos responsables a 12 exintegrantes adscritos al Batallón de Artillería dos, conocido como ‘La Popa’, de los cuales 11 aceptaron su participación en 135 muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate.

Durante la actual administración se realizaron ya más de una decena de actos públicos de reconocimiento de respetabilidad por casos de ejecución extrajudicial.

Asimismo, más de 150 víctimas fueron reparadas simbólicamente a través de estas ceremonias.

mem/ifs