Un juez emitió esa orden contra el extitular que formó parte del Gobierno del expresidente Luis Arce desde 2020 hasta el 7 de noviembre último.
Medios de comunicación refieren que Montaño habría desviado recursos públicos mientras ejercía funciones al frente de Obras Públicas, y subrayan que utilizó fondos estatales para movilizar y financiar a grupos afines al Gobierno de Arce.
Según las fuentes, en mayo de 2022, Montaño reconoció públicamente ser el líder del grupo conocido como los “Guerreros Azules”, funcionarios de Obras Públicas, quienes, por instrucción interna, asistían de manera organizada a los actos oficiales gubernamentales.
En aquellos momentos, Montaño reconoció ante la prensa ser el “comandante de los guerreros azules”, cuyo objetivo, según expresó, era siempre “luchar por la democracia”.
Informó el exministro en aquellos momentos que los integrantes del grupo financiaban sus propios viajes y alimentación para asistir a actividades oficiales, incluido el desfile del 1 de mayo de 2022 en Oruro, donde su presencia fue notoria.
La actual investigación judicial busca establecer si este grupo operaba con recursos públicos y si su estructura respondía a fines políticos.
Contrasta la insistencia de este juez sobre el tema “terrorismo” en relación con estos grupos que se movilizaban para expresar consignas en actos públicos, y la impunidad imperante desde 2019 sobre otros comandos violentos.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su informe sobre la investigación de la violencia y las masacres de 2019 calificó como paramilitares a la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y a la Unión Juvenil Cruceñista, brazo operativo del Comité cívico pro Santa Cruz.
Los pelotones de la RJC recorrían la ciudad de Cochabamba en motocicletas y agredían a todas las personas que identificaban como afines al Movimiento al Socialismo por la Soberanía de los Pueblos o simplemente por vestir con ropa autóctona, especialmente a las mujeres con pollera (falda típica indígena).
Fueron los motociclistas de la RJC quienes atropellaron y humillaron a cientos de mujeres indígenas que participaban en una marcha hacia Cochabamba con la exigencia de respeto a la democracia en vísperas del golpe de Estado de 2019.
También sus efectivos secuestraron el 6 de noviembre de 2019 a la entonces alcaldesa de Vinto Patricia Arce, le cortaron el cabello y luego la condujeron descalza y a empujones por las calles, mientras la insultaban y vertían sobre ella pintura roja, actos filmados y colocados en Internet.
rc/jpm
