La medida fue anunciada horas después de que, esta madrugada, cinco autobuses se incendiaron en el depósito de una empresa de transporte urbano de pasajeros, siniestro que choferes consideran una posible represalia de extorsionadores, aunque la Policía investiga el hecho.

El mandatario indicó que las medidas de excepción continuarán para desarrollar las acciones emprendidas con el objetivo de hacer frente a la inseguridad ciudadana.

Bajo el estado de emergencia están suspendidas garantías ciudadanas y las Fuerzas Armadas se suman a la Policía Nacional en las operaciones contra la delincuencia.

“No nos estamos amilanando frente la delincuencia que, ante cualquier acción del Estado, reacciona; es evidente la guerra en la que estamos contra ellos”, dijo el jefe de Estado.

Agregó que al asumir el cargo, en octubre pasado, encontró una criminalidad en crecimiento frente a la inacción del Estado, lo cual ha logrado controlar y el siguiente paso será hacer que las cifras de atentados delincuenciales disminuyan, según dijo.

Jerí declaró en una visita a un centro de comando temporal de la provincia portuaria de Callao, adyacente a Lima, en el que coordinan operaciones para coordinar operaciones para fortalecer el control territorial en zonas de mayor actividad delictiva.

El estado de emergencia entró en vigencia el 22 de octubre último para una duración de 30 días, por lo que su prolongación requiere de un decreto de inminente publicación e implica la suspensión de garantías como la inviolabilidad domiciliaria, el derecho de reunión, el libre tránsito y el requisito de orden judicial para las detenciones.

De otro lado, dirigentes de los choferes y un sector empresarial del transporte urbano de pasajeros, anunciaron la posibilidad de paralizar el servicio en Lima y Callao durante 48 horas, ante la persistencia de los asesinatos y otros atentados de las organizaciones delictivas.

Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció que los policías -cuyo número es considerado insuficiente- se dividirán entre la mitad que seguirán operando uniformados y la otra mitad que trabajarán vestidos de paisano en acciones de vigilancia y otras tareas, encubiertos.

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