El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, confirmó que el coronel Juan Carlos Montúfar es objeto de la indagación interna junto a ocho agentes denunciados por la denuncia del empresario inmobiliario Antonio Muchaipiña, de que le robaron 500 mil soles (147 mil dólares) en el allanamiento de su casa.

El denunciante demostró con documentos el origen legal del dinero que retiró la suma del banco poco antes antes de la operación policial y señaló que los agentes retiraron una cámara de videovigilancia de su casa para ocultar sus acciones.

Preguntado sobre la denuncia, Montúfar negó la acusación y se abstuvo de comentarios sobre su participación en el allanamiento realizado en la ciudad de Huacho, a 140 kilómetros de Lima, donde ejerce su alto cargo.

Al respecto, solo dijo que la PNP recibió una denuncia sobre la presencia de presuntos sospechosos en la vivienda allanada, aunque admitió que no encontró ninguno, pues Muchaipiña estaba en Lima.

Además, el vigilante civil de un inmueble cercano a la casa del empresario, dijo que los policías preguntaron por la casa-oficina del empresario.

El jefe policial, que tiene frecuente exposición mediática, encabezó hace unos meses un grupo policial enviado a Paraguay para gestionar la entrega de un conocido cabecilla prófugo de una banda peruana dedicada a la extorsión y el sicariato.

El ministro Vicente Tiburcio declaró que, ante la denuncia, se dispuso que la Inspectoría policial investigue de inmediato la denuncia y aseguró que “no vamos a permitir de ninguna manera esta clase de actos” y añadió que el coronel Montúfar ha sido ya interrogado.

Vicente Tiburcio anunció un plan para retirar de la Policía Nacional con celeridad, pues el procedimiento actual de expulsión de malos elementos permite a estos apelar a los tribunales que, frecuentemente, ordenan su reincorporación.

En Perú no es infrecuente la detención de policías integrantes de bandas del crimen organizado y recientemente se desarticuló una organización delictiva cuyos miembros eran en su mayoría policías.

Hasta octubre pasado, se desempeñó como ministro del Interior el abogado José Luis Santiváñez, quien hasta entonces se dedicaba a la defensa de policías procesados o investigados por causas como la de un grupo de agentes de diverso rango dedicados a ejecuciones extrajudiciales en la norteña ciudad de Trujillo.

Santiváñez ejerció el cargo durante un año, lapso en el cual ensalzó a la Policía continuamente y dispuso que el Estado pague la defensa de los agentes procesados y aumentó el número de abogados integrados a la Policía Nacional para similar fin.

Durante su gestión ministerial contrató además, entre otros, al estudio de abogados del que el titular era socio y del que se apartó al integrarse al gobierno de la entonces presidenta Dina Boluarte, de quien se convirtió en brazo derecho.

De otro lado, un reportaje del diario local El Comercio informó el domingo que la Fiscalía contra la criminalidad organizada investiga a 298 policías acusados de ser miembros o colaboradores organizaciones criminales.

Se trata de oficiales de nivel medio, aunque la mayoría son suboficiales que han trabajado en unidades especializadas como el grupo Terna, que actúan vestidos de paisano en capturas de ladrones o traficantes minoristas de drogas.

Los agentes corruptos sirven a la delincuencia suministrándole armas o automóviles o información necesaria para su actividad criminal, así como obstaculizando operaciones o investigaciones contra los criminales.

Uno de los casos investigados, dice también el diario, es el de la organización “Los Piratas”, grupo criminal integrado por 20 policías de inteligencia que coordinaban asaltos empleando información reservada y otros recursos institucionales.

El tema ha ingresado al debate electoral y precandidatos presidenciales, como el centroderechista Yohny Lescano, quienes no dudan en afirmar que lo primero que harán será reorganizar la Policía Nacional, expulsar a los elementos corruptos y poner al frente a oficiales de honestidad impecable.

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