En diálogo con Prensa Latina, el también articulista afirmó que las operaciones navales presentadas bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico constituyen una demostración de fuerza dirigida a presionar a Venezuela y generar un clima de intimidación regional.

Abundó el entendido que la militarización se vincula, además, “al control de rutas marítimas estratégicas, recursos energéticos, minerales críticos para la transición tecnológica y a la creciente disputa global con China y Rusia”.

Gómez estimó que la amenaza de una intervención en la región es real, aunque valoró como poco probable que en lo inmediato adopte la forma clásica de una invasión militar abierta.

Remarcó que actualmente las intervenciones se desarrollan mediante estrategias híbridas que combinan coerción económica, sanciones unilaterales ilegales, operaciones encubiertas, guerra jurídica (lawfare), propaganda mediática y presión diplomático-militar.

“Venezuela, Cuba y Nicaragua han sido objetivos explícitos, y Colombia —tradicional aliado histórico de Estados Unidos— comienza a ser sometido a presiones crecientes», añadió.

Estas acciones hostiles se intensificaron desde que el presidente Gustavo Petro adoptó una política exterior soberana, orientada a la integración regional y con un énfasis especial en la denuncia del genocidio del Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino, ejemplificó.

Acotó el analista que la historia reciente en América Latina demuestra cómo ningún gobierno soberanista está exento de ser objeto de “disciplinamiento geopolítico”, según denominó a los intentos de Estados Unidos de alinear al resto de los países con sus propios intereses.

También remarcó que cualquier intervención militar sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU constituye una violación flagrante de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional.

“La experiencia histórica latinoamericana demuestra que estas intervenciones han traído graves consecuencias humanitarias, debilitamiento institucional, incremento de violaciones masivas de derechos humanos, desplazamiento forzado y destrucción del tejido social”, expuso.

En el Caribe y la frontera colombo-venezolana, detalló, una escalada militar intensificaría tensiones, contrabando armado, desplazamiento forzado y crisis humanitaria.

“Las guerras que Estados Unidos afirma librar para salvar democracias terminan casi siempre instalando regímenes autoritarios o reforzando élites subordinadas a intereses corporativos”, aseveró Gómez.

Sostuvo además que la escalada militarista se explica por factores estructurales: preservar la hegemonía estadounidense frente a la multipolaridad emergente; controlar recursos estratégicos; contener proyectos políticos soberanistas y evitar que América Latina consolide autonomía económica y diplomática.

“El despliegue militar estadounidense en una zona desnuclearizada vulnera además el régimen legal establecido por el Tratado de Tlatelolco (1967), que consagra a América Latina y el Caribe como región libre de armas nucleares con carácter jurídicamente vinculante”, planteó.

Está convencido no obstante el analista que la unidad regional es la herramienta más eficaz para enfrentar proyectos de intervención e injerencia militar.

La fragmentación, valoró, fortalece la hegemonía estadounidense, mientras que la integración —a través de mecanismos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión de Naciones Suramericanas— permite una defensa diplomática, jurídica y política concertada.

“Una estrategia regional común debería basarse en diplomacia activa y concertada, revalorización de los tratados regionales, defensa del principio de no intervención y de la autodeterminación de los pueblos, y articulación económica soberana”, manifestó.

A modo de conclusión, sentenció que la militarización estadounidense del Caribe no es un fenómeno táctico, sino una arquitectura imperial destinada a contener la autonomía política y económica de los pueblos de la región.

“América Latina enfrenta la disyuntiva entre aceptar la subordinación neocolonial o consolidar un proyecto de integración soberana basado en la paz, el respeto al derecho internacional y los derechos humanos. Defender la soberanía latinoamericana es un acto de dignidad histórica”, enfatizó.

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