Sin embargo, legisladores de derecha extrema pidieron reconsiderar el voto, es decir volver a someter a una nueva votación su afán de inhabilitarla para el ejercicio de cargos en el aparato estatal durante diez años.

La medida exigía el respaldo de dos tercios (68) de los legisladores habilitados para votar, pero solo alcanzó 63 frente a 13 votos en contra y cuatro abstenciones, tras un intenso debate iniciado con la exposición del abogado de Chávez, Raúl Noblecilla.

El letrado advirtió que iba a ejercer una defensa política, porque, sostuvo, la pretendida inhabilitación política de Chñavez era una medida de persecución política y descalificó a la mayoría congresal al acusarla de servir a las élites económicas y ser racista y discriminadora y ejercer una dictadura.

Se preguntó porqué se lanzan contra la ex primera ministra si la desprecian con términos ofensivos que utilizan los poderosos y los acusó de incurrir en traición a la patria por lo que los llamó traidores a la democracia y al pueblo.

Posteriormente, la congresista Patricia Benavides sustentó la acusación que según dijo amerita la inhabilitación, porque Chávez participó en la coordinación del mensaje televisivo en el que el presidente Pedro Castillo dispuso la disolución del Congreso, lo que no fue acatado por las Fuerzas Armadas y la Policía detuvo al mandatario y lo encarceló y el Congreso lo destituyó.

Durante el juicio en su contra, la ex primera ministra ha declarado que no conocía el contenido del mensaje de Castillo, pese a lo cual es acusada de cómplice de un golpe de Estado fallido.

Legisladores de izquierda, como Alex Flores y Jaime Quito se pronunciaron con la inhabilitación que cuestionaron por ser producto del odio y el ensañamiento.

Betssy Chávez continúa en la residencia de la Embajada de México debido a que el Gobierno peruano se resiste a otorgarle el salvoconducto para que viaje a ese país.

El canciller peruano, Hugo de Zela, declaró ayer a una cadena norteamericana de televisión que su Gobierno ha decidido demorar el salvoconducto a la espera de una consulta con los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre si el tratado de asilo se ajusta a la situación presente.

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