La asambleísta Damaris Cáceres, de la RC, afirmó que el Estado incumple las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenan garantizar la salud y la integridad del exvicemandatario.

“Jorge Glas está en riesgo y el Estado no cumple”, declaró la parlamentaria este miércoles en rueda de prensa.

Afirmó que el exfuncionario no ha recibido su tratamiento mensual, carece de acceso adecuado a agua potable y alimentos, y permanece en un centro penitenciario “incompleto”, sin médico de planta ni condiciones básicas de subsistencia.

La también asambleísta de la RC Ledy Zúñiga criticó cómo Glas es usado como trofeo político por parte del Ejecutivo y sostuvo que el Estado tiene la obligación directa y sin discrecionalidad de cumplir las órdenes de la Corte.

Zúñiga reiteró que la prisión donde está recluido no cumple estándares mínimos y pidió la intervención urgente de la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública y mecanismos internacionales de derechos humanos para evitar “un daño irreversible”.

Asimismo, el legislador Ronal González sostuvo que la resistencia de Glas revela la gravedad de su situación al aseverar que su fortaleza “desarma la mentira”.

Las denuncias llegan luego de que la abogada del exvicepresidente Sonia Vera aseguró que tras una reunión telemática encontró a Glas “extremadamente debilitado, angustiado y con una resignación que golpea”.

Vera describió falta absoluta de agua potable, encierro permanente, ausencia de atención médica y una administración irregular de medicamentos que calificó como “polifarmacia extrema”.

El ministro del Interior, John Reimberg, negó esas denuncias y afirmó que Glas ha recibido “más de cuatro visitas médicas” desde su traslado a la cárcel del Encuentro, un centro penitenciario aún en construcción en la provincia costera de Santa Elena.

Glas, considerado por sus seguidores como un símbolo del lawfare en Ecuador, obtuvo prelibertad en noviembre de 2022 tras la unificación de penas por los casos Odebrecht y Sobornos, aunque la medida fue posteriormente revertida.

Más tarde fue condenado a 13 años por supuestas irregularidades en contratos de la reconstrucción tras el terremoto de 2016.

Entre diciembre de 2023 y abril de 2024, permaneció en la embajada de México en Quito hasta que fuerzas policiales ingresaron por la fuerza a la sede diplomática para detenerlo, pese al asilo otorgado por ese país.

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