En un comunicado oficial, el ente acusador del Estado informó al pueblo hondureño que “hay certeza sobre la autenticidad de los archivos”, presentados ante la opinión pública el pasado 29 de octubre por el fiscal general de la República, Johel Zelaya.

Las grabaciones, confirmó entonces Zelaya, “demuestran plenamente la existencia de una asociación ilícita entre una consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), un diputado y un militar activo de las Fuerzas Armadas (FFAA)”, con el fin de sabotear los cercanos comicios.

Los audios revelan una supuesta conversación entre la representante del derechista Partido Nacional en el CNE, Cossette López, el jefe de bancada en el Congreso Nacional (Parlamento) de esa propia formación, Tomás Zambrano, y un militar no identificado.

Esas pruebas fueron entregadas al Ministerio Público por el consejero electoral Marlon Ochoa, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre).

Ochoa interpuso una acusación sobre un hipotético plan del llamado bipartidismo -encarnado por los partidos Nacional y Liberal- para entorpecer los comicios y generar una crisis postelectoral en detrimento de Libre, con posibilidades de lograr un segundo triunfo consecutivo en la contienda.

La Fiscalía aclaró en su comunicado que el peritaje realizado a los audios por una empresa internacional, a solicitud de Libre, “no es vinculante con la investigación que esta institución lleva a cabo”.

El Ministerio Público cuenta con sus propios peritos, medios y colaboradores oficiales, tanto nacionales como de países amigos, mediante fiscalías homólogas con las que se coordina asistencia jurídica internacional cuando así se requiere, agregó el texto.

“La acción penal se ejercerá con firmeza, objetividad e independencia, garantizando que todo responsable enfrente la justicia sin privilegios ni consideraciones”, enfatizó la institución, tras asegurar que no retrocederá en la lucha contra la corrupción, indistintamente de quién haya cometido el delito.

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