Los imputados son llamados a responder por 209 asesinatos, 65 de ellos seguidos de desapariciones forzadas, además de una tentativa de homicidio ocurridos en el departamento de Meta, en el centro del país.

En sus indagaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, estableció que, durante el proceso de consolidación del paramilitarismo en el referido departamento, se configuraron estrechas relaciones entre integrantes del Ejército Nacional y el Bloque Centauros.

Añadió que estas se expresaron mediante el desarrollo de acciones militares defensivas y ofensivas coordinadas; permisividad con el desempeño paramilitar, evidenciado en la ausencia de operaciones militares dirigidas en su contra y en la tolerancia frente a crímenes cometidos contra la población civil; y la presentación de bajas falsas en combate.

El análisis concluyó que este último crimen se convirtió en la retribución principal que los paramilitares acordaron con la fuerza pública, a cambio de dejarlos delinquir —principalmente en actividades relacionadas con narcotráfico— y cometer graves violaciones a los derechos humanos, como masacres y desapariciones forzadas.

La JEP aseguró en su comunicación que está probado que integrantes de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) participaron en operaciones de apoyo aéreo cercano en las que murieron personas que posteriormente presentadas falsamente como bajas en combate.

Sin embargo, por el momento, no se encontraron evidencias de que tuvieran conocimiento o participación dolosa en la comisión de tales crímenes.

Dentro de los imputados se encuentran los brigadieres generales (r) Carlos Saavedra y Francisco Ardila, así como el mayor general (r) Carlos Ávila.

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