En la audiencia virtual, el máximo tribunal escuchará los fundamentos del pedido de la Fiscalía y los argumentos en contrario del abogado de la exmandataria.

La prohibición de salida al exterior busca garantizar su presencia durante las indagaciones del caso del sometimiento en secreto de la entonces mandataria a operaciones de cirugía estética en un presunto intercambio de favores con el médico que la atendió.

La investigación del tema parte de la presunción de que la exgobernante incurrió en el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de su alto cargo, en agravio del Estado.

El motivo de la audiencia es una apelación del fiscal del caso contra la decisión judicial previa de rechazar la solicitud el 17 de octubre, apenas siete días después de que Boluarte fue destituida sumariamente por permanente incapacidad moral, prevista en la constitución.

La decisión fue detonada por el ataque a balazos impune a un popular grupo musical, que motivó indignación general y agravó la impupularidad casi unánime de la entonces presidenta.

Tras la defenestración de Boluarte, debido al fracaso de su política contra el desborde del crimen organizado, asumió el cargo, por línea de sucesión, el presidente del Congreso, José Jerí.

Boluarte tiene pendientes varias investigaciones, aunque la mayoría conservadora del Congreso archivó los más graves, es decir las 50 muertes de manifestantes contra su ascenso al cargo como vicepresidenta del encarcelado Pedro Castillo, destituido por intentar la disolución del Parlamento sin lograrlo.

El rechazo popular a Dina, según diversos análisis, tuvo entre sus motivos un tácito entendimiento con la mayoría congresal contraria al gobierno de Castillo, de quien era vicepresidenta.

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