Según el anuncio oficial, Urresti, condenado en 2024 a 12 años de prisión por la ejecución extrajudicial del periodista Hugo Bustíos en 1988, un tribunal dictaminó que la citada ley no puede ser aplicada porque contraviene acuerdos internacionales que la Constitución considera ley fundamental interna.

En la audiencia del caso, la defensa del exministro del Interior y general jubilado del Ejército, el fiscal Carlos Palomino argumentó contra el pedido que este contraviene a la carta magna y los estándares del derecho internacional.

La ley de aministía, aprobada por la mayoría congresal conservadora, es calificada por deudos de víctimas y organizaciones de derechos humanos como “ley de impunidad” porque dispone la prescripción matanzas cometidas durante el llamado conflicto interno armado (1980 – 2000).

Su aplicación daría lugar a la libertad de los autores de masacres de notoriedad internacional, como las de Barrios Altos, La Cantuta, Accomarca y Cayara, en las que fueron asesinados civiles inermes.

En el caso de Bustíos, la Corte Suprema dictaminó en 2024 que el asesinato de Hugo Bustíos constituye una grave violación de los derechos humanos, lo que lo hace imprescriptible, incluso sin ser tipificado como crimen de lesa humanidad.

Bustíos se caracterizaba por denunciar violaciones de derechos humanos registrados en la región andina de Ayacucho, epicentro de aquel conflicto interno.

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