La diligencia, realizada de forma virtual y con acceso restringido por la sensibilidad del caso, reunió a las familias de las víctimas, representantes estatales, expertos en derechos humanos y al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).

Fernando Bastias, abogado del CDH y representante legal de los familiares, afirmó que expuso ante el tribunal las evidencias de violencia física, psicológica y sexual sufridas por Steven Medina (11 años), Nehemías Arboleda (15), Ismael Arroyo (15) y Josué Arroyo (14).

Sostuvo que se trata del primer caso de desaparición forzada que llega a la Corte Constitucional, lo que podría abrir camino para esclarecer otros 43 procesos similares ocurridos en el país en los últimos dos años, en un contexto de militarización.

Los jueces deberán determinar si la Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas vulneró derechos al revocar un hábeas corpus que había reconocido la desaparición forzada de los chicos, a quienes sus familiares no volvieron a ver tras ser detenidos por una patrulla militar.

Sus cuerpos calcinados fueron hallados 16 días después en una zona rural de Naranjal, provincia de Guayas.

La acción extraordinaria de protección impugna la sentencia del 19 de mayo de 2025, emitida por los jueces Carlos Flores Iñiguez y Ángela Bustillos Núñez, quienes revocaron la decisión de primera instancia dictada por la jueza Tanya Loor Zambrano el 31 de diciembre de 2024.

La resolución inicial había declarado la desaparición forzada, ordenado medidas de reparación integral y exigido disculpas oficiales del Estado.

La apelación fue promovida por el entonces jefe del Comando Conjunto, Jaime Vela Erazo, la exministra del Interior, Mónica Palencia, y la asesoría jurídica del Ministerio de Defensa.

El expediente tomó mayor atención pública en enero de 2025 después de que el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, apareciera en cadena nacional rodeado de uniformados para cuestionar la decisión de la jueza Loor, a quien amenazó con sanciones.

Los familiares presentaron también sus testimonios, entre ellos Katy Bustos, madre de dos de las víctimas, que expresó: “¿Es pecado ser negro, vivir en un barrio vulnerable, ser pobre? Mi hijo menor quería ser militar, soñaba con vestir de militar, defender la Patria y su sueño se lo quitó un uniformado”.

El CDH solicitó a la Corte una reparación integral que incluya disculpas públicas de todas las instituciones involucradas, medidas de no repetición como protocolos especializados para desaparición forzada, claridad jurisprudencial sobre el alcance del hábeas corpus y una indemnización económica acorde con los estándares constitucionales.

Bastias insistió en que estas disculpas “no pueden haber ningún tipo de amenazas, ni términos estigmatizantes”.

La Corte Constitucional no tiene plazo para emitir sentencia sobre este caso que estremeció a Ecuador y expuso la participación de militares en actos de desapariciones forzadas y de abuso de poder.

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