La audiencia responde a una acción extraordinaria de protección presentada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y por el padre de uno de los chicos de Las Malvinas, barrio de la ciudad de Guayaquil donde residían.

Entre los convocados figuran el jefe del Comando Conjunto, Henry Delgado; el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo; el comandante de la Policía, Pablo Dávila; el ministro del Interior, John Reimberg; y el procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea.

También deberán comparecer los jueces que revocaron el habeas corpus otorgado inicialmente a los menores.

La audiencia se realizará un día después de que avanzara el juicio penal contra 17 militares procesados por la desaparición forzada de Steven Medina (11 años), Nehemías Arboleda (15), Ismael Arroyo (15) y Josué Arroyo (14).

En la diligencia, peritos revelaron videos y audios que muestran a los adolescentes golpeados, vigilados por uniformados armados y trasladados en camionetas hacia la Base Aérea de Taura, donde según testigos, fueron obligados a desnudarse y retenidos sin seguir el protocolo policial.

Los elementos presentados por Fiscalía incluyen registros de cámaras de seguridad que captaron el momento de la aprehensión en Guayaquil y el desplazamiento de las patrullas militares hacia Taura, así como fotografías de dos de los menores maniatados.

Un perito informó además que dos testigos protegidos, considerados clave para la reconstrucción de los hechos, salieron sin justificación del sistema de protección, motivo por el que la Fiscalía pidió su localización con apoyo policial.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU pidió la semana pasada ampliar las medidas cautelares para proteger a las familias de los menores y a los abogados del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) que los representan.

El organismo alertó que, pese al proceso en curso, persisten vacíos en la investigación, incluida la falta de peritajes que aclaren la causa de las muertes, y pidió analizar posibles vínculos entre los militares acusados y estructuras criminales.

Ecuador deberá informar sobre el cumplimiento de estas disposiciones antes de febrero de 2026.

Según la documentación del proceso, Josué, Ismael, Nehemías y Steven desaparecieron el 8 de diciembre de 2024 tras ser detenidos por una patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en el sur de Guayaquil, sus cuerpos fueron hallados calcinados días después.

Con la sesión de hoy la Corte Constitucional abordará el tema de las desapariciones forzadas en un contexto de militarización para la seguridad ciudadana.

La diligencia será clave para definir la responsabilidad del Estado, la validez del habeas corpus revocado y las garantías que deben aplicarse en casos de detenciones ejecutadas por fuerzas militares.

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