“Noboa, la Amazonia no está en venta” es el letrero visto en la capital del estado brasileño de Pará durante los días de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP30).
Esta noche el mensaje volverá a verse desde la plaza Freí Caetano Bradao, en advertencia sobre los riesgos de la agenda hidrocarburífera ecuatoriana para más de 29 mil 600 kilómetros cuadrados de bosques.
Así lo denuncian figuras internacionales del mundo del arte como Jane Fonda, Harrison Ford, Emma Thompson, y otros que promueven esa iniciativa junto con la organización Amazon Frontlines.
Dicha entidad señaló que mientras desde los foros oficiales de la COP30 la mayoría de los países negocian transiciones energéticas hacia fuentes renovables, la ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, defendió una estrategia centrada en combustibles fósiles y en la expansión petrolera.
Colectivos y líderes indígenas de la Amazonía ecuatoriana emitieron un pronunciamiento a inicios de este mes en el que alertaron que el gobierno de Noboa impulsa políticas contradictorias y regresivas en materia climática, energética y de derechos humanos.
Denunciaron que la expansión extractiva no ha sido consultada a los pueblos que serán directamente afectados, pese a las obligaciones constitucionales e internacionales del país.
El pronunciamiento, divulgado en redes sociales, señala que, mientras el Ejecutivo habla de seguridad y combate al crimen, simultáneamente persigue a críticos, reprime la protesta social y encarece la vida, deteriorando las condiciones mínimas de subsistencia en territorios indígenas.
Añaden que la hoja de ruta petrolera anunciada por Ecuador, con 49 proyectos y más de 47 mil millones de dólares en inversión prevista, pone en riesgo ecosistemas de alta biodiversidad y comunidades, cuyo territorio constituye un amortiguador climático clave.
Las nacionalidades Achuar, Shiwiar, Sapara, Andwa, Waorani y Kichwa, entre otras, denunciaron además que el Gobierno impulsa reformas destinadas a debilitar derechos colectivos, ambientales y de consulta previa, así como expandir el extractivismo hacia zonas donde viven pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
También acusaron al Estado de incumplir el mandato popular de 2023, que ordenó proteger el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía, y de desatender la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exige garantizar la supervivencia física y cultural de los pueblos aislados.
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