La petición fue entregada al Supremo Tribunal Federal (STF) por el líder del PT en la Cámara de Diputados, Lindbergh Farías, quien denunció la fuga del parlamentario.

Ramagem recibió una pena de 16 años, un mes y 15 días de prisión dentro del marco de la investigación por intento de golpe de Estado contra la democracia.

Lindbergh publicó las declaraciones en redes sociales y detalló las medidas ya interpuestas.

En el texto, afirma haber presentado una solicitud ante el STF denunciando la huida del legislador, «el uso de un pasaporte irregular, la violación de las medidas cautelares y el riesgo concreto para la aplicación de la ley penal».

También el dirigente del PT demandó en el contenido que se incluyera el nombre de Ramagem en la lista roja de la Policía Internacional (Interpol)

Asimismo, tras la sentencia firme, su extradición a Brasil para que cumpla su condena.

Según el petista, la evasión a Estados Unidos es incompatible con el cumplimiento de las sentencias judiciales impuestas al congresista condenado.

Una segunda denuncia formal se dirigió a la Junta Directiva de la Cámara baja.

En esa imputación, Lindbergh solicita aclaraciones sobre los actos administrativos relacionados con la posible concesión de la licencia médica, la autorización para salir del país y la aparente ausencia de publicación en el Diario Oficial.

Cuestiona si hubo un registro irregular de asistencia y votación remota por parte de Ramagem en territorio extranjero, posiblemente utilizando un teléfono celular, lo cual violaría el reglamento interno de la Cámara baja.

«La ley se aplica a todos», insistió Lindbergh, quien considera que el caso representa una prueba para la autoridad de las instituciones brasileñas.

Un parlamentario condenado por graves delitos contra la democracia no puede huir a Miami como si nada hubiera pasado. «La ley se aplica a todos y prevalecerá contra el diputado fugitivo, quien siguió el ejemplo de Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, entre otros», escribió.

El líder del PT sostiene que no puede haber impunidad y que las instituciones deben actuar para garantizar que las condenas relacionadas con crímenes contra el Estado democrático no queden anuladas por maniobras o fugas internacionales.

Al respecto, el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) pidió también al juez del Supremo Alexandre de Moraes, instructor del caso, que ordene la detención de Ramagem y la policía comience una investigación sobre su salida de territorio nacional.

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