La representación del Ministerio Público avanza en una pesquisa sobre la acusación de que Russo incumplió una orden judicial en su contra que lo removía del cargo.
Fiscales de la Policía iniciaron las averiguaciones respectivas y solicitaron a la Sala Constitucional del departamento de Beni que se le entregue la resolución emitida contra Russo y se explique por qué ese actuado no fue notificado a las instancias correspondientes.
Ante el incumplimiento del fallo judicial, la Sala Constitucional ordenó que se remitieran los antecedentes de Russo tanto a la Fiscalía como a las instancias disciplinarias internas de la Policía.
«Hay que ser bastante contundentes en la respuesta (…), no hemos tenido conocimiento formal del incumplimiento de una resolución constitucional. No nos han notificado, tal como reza la parte final de esta resolución del 23 de enero de 2025», aseguró el fiscal general de la Policía, coronel Oscar Gutiérrez.
Afirmó Gutiérrez que tras la denuncia del vicepresidente se pidió a la Sala Constitucional del Beni «para que nos pueda remitir esa resolución y que nos informe el motivo por el cual no se nos ha hecho conocer».
Reiteró que, una vez se tenga la documentación se procederá con el «inicio respectivo de la investigación», aunque evitó detallar qué faltas disciplinarias podrían pesar contra Russo.
Detalló la autoridad que se tiene conocimiento de tres procesos disciplinarios iniciados en contra de Russo, una por una denuncia verbal, una formal y una de oficio.
Según explicó, el amparo en Beni fue interpuesto por un oficial que estuvo investigado en 2022 por presuntas irregularidades cuando trabajaba en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.
Sin embargo, como salió absuelto de esa investigación, demandó al Comandante para que se le restituyan sus derechos de asistencia a cursos y ascensos.
El fiscal general policial indicó que se le habría restituido sus derechos al accionante, por lo cual ya tendrá el grado de teniente coronel.
Lara denunció esta semana que Russo impidió la especialización de policías e incumplió una orden judicial que derivaría en su remoción del cargo y la remisión de sus antecedentes tanto al sistema disciplinario policial como al Ministerio Público.
Indicó que «la ley 101 mete a la bolsa a todos los miembros de la Policía Boliviana cuando su conducta se enmarca en una falta disciplinaria, tal cual es el caso del general Russo. (…) Tenía que dejar de ser comandante general y tenía que someterse a un proceso de investigación disciplinaria, pero también en la vía penal», precisó Lara.
Adicionalmente, el también presidente de las Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) conmocionó a los bolivianos con una denuncia pública sobre la corrupción y el abuso de poder imperante en la Policía.
“El Alto Mando ha secuestrado la institución, estableciendo un sistema de extorsión interna y castigo a los efectivos que se niegan a participar en prácticas ilegales”, reveló el también capitán de ese cuerpo entrevistado por la cadena RTP.
Afirmó Lara que el policía que no entrega la renta o no extorsiona es castigado y trasladado a lugares lejanos, por lo que eso debe terminar.
En referencia a los más altos cargos del cuerpo armado, informó que cobran hasta cinco mil dólares por destinar en Santa Cruz (principal centro económico de Bolivia) a un efectivo, por lo cual resulta imprescindible una reestructuración profunda de la institución.
Durante la entrevista en el espacio No Mentirás, el vicemandatario opinó que la corrupción dentro de la entidad no solo deteriora la confianza ciudadana, sino que también abre las puertas a la criminalidad.
“Le pese a quien le pese, vamos a limpiar la institución. No se trata de atacar a la Policía, sino de salvarla de quienes la han convertido en un instrumento de extorsión. Tendremos mano dura contra los corruptos”, Reiteró al pedir respaldo a la ciudadanía.
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