En las sesiones de dos días del foro, el reelecto secretario general de la organización, Marco Andrade, aseveró que en un año difícil y de persecución política a los colectivos y sus principales dirigentes, el compromiso es a no desmayar en la lucha por justicia y equidad social.
Andrade recordó que el VIII Congreso fue dedicado a líderes del gremio de los trabajadores de la construcción, con principales dirigentes en cárceles, prisión domiciliara o en el exilio como Jaime Caballero, Genaro López, Saúl Méndez y Edmundo Cerrud.
Asimismo denunció políticas del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y de su titular, Jackeline Muñoz, al impedir la participación en el conclave de algunos delegados, recortar recursos educativos y de la capacitación sindical, o emitir decretos que prohíben el derecho a huelga en el sector público o a la convención colectiva, entre otras violaciones a normas internacionales.
Para Andrade, la lucha se renueva ante nuevas maniobras del Gobierno como la intención de reabrir la mina de Donoso (Colón) pese a un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional ese contrato que viola 25 artículos de la Constitución, además de los daños ambientales.
Durante el desarrollo del VIII Congreso, sobresalió la intervención de la presidenta del partido Frente Amplio por la Democracia (FAD), Maribel Gordón, quien explicó las brechas de una economía que crece pero no beneficia a las mayorías.
En ese sentido, la también catedrática refirió que el 10 por ciento del desempleo, una desocupación del 20 por ciento en el sector juvenil y el 50 por ciento de la informalidad que signa el mercado laboral.
Se trata de un Gobierno y sistema, dijo, transitista y rentista que no genera empleo y se basa en mayor explotación de la clase obrera y bajos salarios, señaló.
Gordón alertó que el país enfrenta a un Ejecutivo autoritario, prepotente y arrogante, y citó las más recientes declaraciones del actual jefe de Estado José Raúl Mulino en una visita a Costa Rica cuando develó que en 2024 amenazó a los magistrados que si no lo dejaban correr en comicios generales, “prendería al país”.
Su candidatura fue ilegal e impuesta por el Supremo y el silencio cómplice del Tribunal Electoral, ese es el país en que vivimos, apostilló Gordón.
El VIII Congreso de la Conusi renovó a su junta directiva y aprobó decenas de resoluciones en defensa de los derechos laborales, en medio también de un complejo proceso de reajustes por el Ejecutivo del salario mínimo promedio.
Entre los invitados internacionales a la cita, el argentino Marcelo Di Estefano, de la Confederación Sindical de las Américas, adelantó que presentarán nuevas denuncias ante la Organización Internacional de Trabajo por las violaciones a la libertad sindical y expuso su solidaridad con el movimiento obrero de la nación centroamericana.
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